El Gobierno Central de Puerto Rico está sufriendo un colapso económico debido a que ya no puede tomar prestado en los mercados internacionales para pagar sus deudas. La práctica irresponsable de tomar prestado para pagar la nómina de las 150 agencias de gobierno ya no existe. La corrupción en la Universidad de Puerto Rico deja al descubierto los esquemas de prácticas ilegales que por décadas han reinado sin que nadie intervenga. Miles de médicos especialistas se han marchado recientemente de la isla debido a las malas condiciones de trabajo, la falta de pago de su sueldo de parte del gobierno y los seguros médicos que le ponen una camisa de fuerza en sus prácticas médicas. Debido a todo este desbarajuste gubernamental le ha llegado a la isla la LEY FEDERAL PROMESA.
El H.R. 5278, denominado Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, PROMESA por sus siglas en inglés, se conoce en Puerto Rico como la ley de la Junta de Control Fiscal. La traducción al español del nombre es Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La Ley está dividida en siete (7) disposiciones iniciales, que sirven como introducción, y 7 títulos, a manera de capítulos, que contienen las otras secciones que especifican los detalles de la Ley.
La ley es bien compleja pero el propósito es sumamente importante. Lo principal de la misma es parar el cobro de las deudas del gobierno a sus prestamistas por medio de los tribunales federales.
También la ley crea un grupo de personas llamadas la Junta de Control Fiscal. La función de esa junta de control es el tomar el control de toda la administración del gobierno de Puerto Rico y establecer prioridades para los gastos de acuerdo a la ley y las prioridades que ellos crean pertinentes.
En otras palabras podemos decir que se acabó el tiempo de los chanchullos donde los contratos millonarios se aprobaban, los préstamos del Banco Gubernamental de Fomento le daba a los municipios y agencias del gobierno sin tener manera de pagarlos, y la manera desmedida de comprar y tomar prestado queda totalmente paralizado.
La ley en su sección 2 habla sobre la creación de procedimientos para la reestructuración de la deuda pública. Esta ley puede también ofrecer el control para despedir empleados no necesarios, cerrar plazas de empleo creadas políticamente, cancelar contratos millonarios, eliminar la compra de autos nuevos, congelar plazas, cancelar todos los acuerdos y leyes estatales vigentes que amarren el gastadero sin control que existe en la isla.
La obligaciones contractuales cubiertas por la ley federal seguirán vigentes pero las estatales quedan en veremos y a discreción de la junta. Lo más importante de esta Ley PROMESA es que el Congreso de los Estados Unidos de Norte América tiene el poder de hacer lo que encuentre necesario para ahorrar dinero y poner en orden las finanzas de la isla de Puerto Rico. Esto incluye meter los dedos en todas las administraciones municipales, corporaciones públicas y agencias de gobierno. Ellos pueden cerrar, reorganizar, remover empleados y agencias de gobierno en cualquier momento.
Lo más importante de todo esto es que la legislatura de Puerto Rico queda como un cero a la izquierda, sin poder alguno, sin presupuesto para operar como antes y sin poder alguno sobre la junta.
El gobernador para a ser un observador sin poder alguno sobre la junta. Solo tendrá una silla en la junta pero no tendrá voto alguno en las decisiones. También, podrá proponer algunas cosas pero la junta tendrá la última palabra.
Mientras en la isla, la gente, discute los crímenes, la farándula y los POKEMON GO, el gobierno de los Estados Unidos de América toma control de todo y comienza una nueva era de austeridad para todos. Podemos usar como referencia la función de la junta en la ciudad de Detroit Michigan y en Nueva York. En ambas ocasiones, la junta de control fue un ejercicio importante del Congreso que dio paso a una recuperación rápida de estas ciudades que tienen más habitantes que Puerto Rico.
Podemos pronosticar el colapso de las plantas arcaicas de la Autoridad de Energía Eléctrica lo cual dará paso a varias agencias privadas a cargo de un sistema más eficiente y competitivo para los habitantes de la isla. Ahora mismo, la isla tiene a miles de clientes sin luz debido a las pésimas condiciones de mantenimiento de esa agencia.
Solo hay que esperar que se eliminen los gastos billonarios de 78 municipios, se eliminen las 149 agencias públicas del gobierno, se cierre el desmadre administrativo del Departamento de Educación en San Juan y se le envíe el dinero a las escuelas, para entonces mejorar los aspectos esenciales de salud, seguridad y ambiente.
Queda claro por la ley PROMESA que los programas federales actuales de la isla no se afectaran y que nadie perderá su ciudadanía americana. También queda claro que los habitantes de la isla tendrán la oportunidad de pedir por medio de su voto si desean ser estado de los Estado Unidos de América. Aun cuando todos los habitantes pidan que la isla sea el Estado 51, el Congreso de los Estado Unidos de Norte América tendrá que aprobarlo. Esto aún está por verse debido a que se pronostica que la mayoría de los Boricuas votarían por los Demócratas.
Lo sucedido en la isla es un reflejo de la incompetencia administrativa y la falta de supervisión del gobierno federal. Ahora ya no hay escapatoria, mucha gente será referida al tribunal federal por usar dinero de forma ilegal, por ofrecer contratos a cambio de favores políticos y otros delitos que podremos ver en el futuro muy cercano.
Es muy importante que todos podamos comprender la situación actual de la isla y que hay que a ahorrar dinero para cuando las cosas comiencen a transformarse. También, hay que tomar prioridades en nuestras profesiones y decisiones de preparación académica. Todos los habitantes de la isla deben mantenerse atentos a la función de la junta y a los programas nuevos que serán creados para mejorar la condición de los habitantes de Puerto Rico.
