Como un “hecho histórico” calificaron varias representantes de movimientos y colectivos feministas la aprobación de la LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES por parte de la Asamblea Nacional, proyecto de Ley que fue enviado por el poder Ejecutivo para su debate y aprobación.
Este proyecto que fue calificado como urgente tuvo como antecedente las cifras preocupantes de víctimas que fueron asesinadas por sus parejas; es así que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, señala que de enero a octubre de 2017 hubo 91 féminas asesinadas, es decir cada 3 días hubo una nueva víctima; el 35,7% de las víctimas tenían entre 25 y 34 años; 5 de cada 10 femicidios fueron con arma blanca; el 34% de víctimas tenían relación de convivencia con el victimario. Y lo más preocupante es que las víctimas dejaron 138 niñas y niños en la orfandad.
También las estadísticas del INEC evidencian que alrededor del 60% de mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género; de ese porcentaje el 53,9 % corresponde a violencia sicológica, el 38,5% a la física, el 16,7% a la patrimonial y el 25,7% a la sexual.
Estos datos encendieron las alarmas tanto de la sociedad civil ecuatoriana cuanto de su institucionalidad. En este caso, la Asamblea Nacional se pronunció en contra de todo tipo de violencia y conformó una comisión ocasional para que elabore un proyecto de ley que permita prevenir y erradicar este mal, respondiendo al eco ciudadano que gritaba: “NI UNA MENOS”.
La Ley aprobada obliga al Estado a prevenir, proteger y garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores a través de un plan específico incluido en el presupuesto de la nación. El ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento y aplicación de la Ley.
Para construir esta normativa se tomaron en cuenta los enfoques de género, integralidad, derechos humanos y los principios de igualdad, diversidad, transversalidad, corresponsabilidad. Además, se incorporaron cuatro nuevos tipos de violencia: simbólica, económica y patrimonial, política y gineco obstétrica.
Para la implementación de la Ley se creará el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrada por 16 instituciones del Estado que de manera coordinada y articulada, trabajarán en cuatro ejes como son la prevención, protección, atención y reparación de las víctimas.
La reparación de las víctimas está encaminada a restituir, habilitar y garantizar medidas de no repetición de las agresiones por lo que toma en cuenta el trabajo sicológico con los agresores.
A las víctimas se les otorgará boletas de auxilio y restitución de la víctima al domicilio. Para el agresor se ordenará la salida del hogar cuando su presencia constituya una amenaza; se le prohibirá esconder, trasladar, cambiar de residencia a sus hijos, la retención de bienes, así como acciones de intimidación.
Se toma en cuenta que para prevenir este problema se tratará de cambiar patrones culturales mediante la ejecución de programas educativos que atraviesen el enfoque de género en las mallas curriculares de todos los niveles del sistema educativo. Se prevé también la reeducación de la persona agresora y, sobre todo, la regulación de los contenidos comunicacionales que inciten el machismo y los modelos patriarcales.
Esteban Melo, asambleísta por los migrantes de Europa remarcó que este es el momento de decirles a las mujeres ecuatorianas que no están solas, que la institucionalidad y la sociedad están presentes para defender a las madres, hijas, esposas, hermanas y parejas.
Subrayó que el Estado ecuatoriano tiene el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos en el exterior, lamentablemente nuestras migrantes son doblemente ignoradas. En este sentido, esta Ley viabiliza la obligación constitucional de proteger a las mujeres que migraron al exterior y sufren violencia por parte de sus parejas.
Asimismo, la normativa establece que las niñas también sean visibilizadas en esta problemática, pues ellas también son víctimas de diferentes tipos de violencia, en los ámbitos familiares, públicos, comunitarios e instituciones educativas.
Prácticamente, el sujeto de protección de esta norma es la mujer, en todo su ciclo de vida y en toda su diversidad, con un enfoque intergeneracional, integral, intercultural, de género y de derechos humanos.
Un tema polémico que al final fue incluido en la Ley tiene que ver con el aborto consentido, el cual era penado con prisión de seis meses a dos años. Ahora la Ley garantiza el acceso libre, gratuito, confidencial, sin discriminación, a todas las mujeres con un aborto en curso. En Ecuador estaban procesadas 184 mujeres, entre el 10 de agosto de 2014 hasta mayo de 2017, por delito de aborto consentido en la Fiscalía. No se conoce cuántas sentencias se han dictaminado pero la cifra habla claramente de criminalización de las mujeres que asumen esta decisión de interrumpir un embarazo, sin profundizar en las razones.
Una de las nuevas formas de violencia que fueron introducidas en la Ley es la violencia simbólica, caracterizada por la emisión de mensajes, íconos, o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres, por ejemplo: el desprecio o la burla de lo que son o hacen las mujeres; el temor o la desconfianza por lo que son y hacen las mujeres, y la justificación de la subordinación femenina. También se plasma, este tipo de violencia, en la publicidad, letras de canciones, de refranes y dichos populares, novelas, revistas, caricaturas políticas o chistes del mal gusto, afirma Julia Eveling.
Para ONU Mujeres, capítulo Ecuador, con este cuerpo legal, el país tiene una norma importante, porque identifica y profundiza las causas estructurales de la violencia de género. Además, porque define las diferentes formas que adquiere la violencia y establece medidas de prevención y sanción, asistencia y protección, así como programas de restitución de derechos.
De su parte, representantes de organizaciones que defienden a la comunidad LGTBI pidieron que se incluya como objeto de la norma a las mujeres no solo en lo concerniente al ciclo de su vida, sino en toda su diversidad. «Mujeres también son lesbianas, bisexuales, trans e intersex», sostuvieron.
Carlos Arce, viceministro del Trabajo, planteó que se incluya en el Código del Trabajo y en la Ley de Servicio Público, como derecho del trabajador y no como obligación del empleador, el otorgamiento de una licencia no remunerada a la víctima para realizar trámites administrativos, cuando haya sufrido agresiones.
Desde los Ministerios de Salud y de Educación se comprometieron a redoblar acciones para atender casos de violencia de género como capacitación, cooperación interinstitucional, verificación de datos, planes y campañas.
La asambleísta Marcela Aguiñaga hizo referencia a la violencia política: “ser mujer y ser política parece ser una condición para ser agredida”. Esta violencia impide la participación de las féminas en los procesos políticos por temor a ser calumniadas o vejadas por sus adversarios.
ALGUNAS CAUSAS DEL MALTRATO
Lamentablemente, la violencia contra las mujeres ejercida por su pareja, constituye un grave problema de salud pública y una explícita violación de los derechos humanos de las mujeres. Este hecho permea los distintos sectores de la sociedad, producida por las relaciones de desigualdad que se establece entre hombres y mujeres, y que tiene consecuencias dramáticas en la sociedad entera porque deja secuelas negativas en la mujer para el resto de sus vidas.
Una de las causas para que esta degradante realidad se mantenga es la falta de educación y preparación de nuestras mujeres producto de la discriminación de la mujer en la educación. De hecho se conoce que la violencia física se da mayoritariamente en los estratos culturalmente inferiores.
Un nuevo tipo de educación es urgente, una educación que como sociedad nos lleve a mantener una sexualidad responsable y respetuosa, que borre de las mentes la imagen de la mujer como símbolo de placer u objeto- propiedad de alguien.
También el aspecto cultural tiene que ver mucho en estas inconductas: una sociedad machista prepara a la mujer en su papel de sometimiento al varón, de tal manera que el dominarla resulta natural. Por lo que es imperativo ir cambiando estos estereotipos en el imaginario de nuestra sociedad. El camino es muy lento pero indispensable.
La tolerancia social contribuye a sostener estas situaciones familiares de agresión. En la familia nacen y se desarrollan muchos niños y niñas, que son víctimas y testigos, y potenciales continuadores de esta violencia en el futuro.
Además, debemos tener presente la violencia sicológica, misma que produce miedo, autoculpa, baja autoestima, aceptación del maltrato como un hecho normal de la vida, mantenimiento de la situación sustentada en las esperanzas de cambio por los hijos, miedo a sentirse solas y temor al qué dirán.
Empero, hoy en día, la mujer de ecuatoriana debe sentirse más respaldada en razón de que existe una estructura jurídica que la mira con igualdad de derechos y posibilidades. Denunciar los atropellos contra la mujer no significa satisfacer los intereses de un grupo en particular, es devolver el derecho a una vida digna a media humanidad.
