SAN JUAN, Puerto Rico — Ángel González, un maestro jubilado que enfrenta un recorte de 10 por ciento de su pensión, ha comenzado a preguntarse si las tres personas en su familia tendrán que usar el mismo teléfono celular y turnárselo.
Santiago Domenech, un contratista que tenía ahorrados dos millones de dólares en bonos gubernamentales cuyo pago recientemente incumplió Puerto Rico, alguna vez tuvo 450 empleados. Ahora tiene ocho. Su suegro, Alfredo Torres, es dueño de la librería boricua más antigua, pero desde hace dos años ha ido en picada.
“El gobierno está en bancarrota”, dijo Bernardo Rivera, un chofer de 75 años que conduce autobuses privados y en ocasiones gana 40 dólares en un día. “Todos están en bancarrota. Ya no queda nada. La gente que no tiene trabajo no toma el autobús para ir a trabajar”.
Estas son algunas de las historias de jubilados, comerciantes y servidores públicos de Puerto Rico que están atrapados en medio —ellos dirían que en el fondo— de la insolvencia más grande de un gobierno local en la historia de Estados Unidos.
Con una deuda de 123 mil millones de dólares que no puede pagar, Puerto Rico presentó el 3 de mayo un tipo de protección en caso de bancarrota, una medida que sacudió las espinas dorsales de todos, desde tenedores de bonos que temen pérdidas espeluznantes hasta barrenderos y empleados públicos cuyos salarios de por sí raquíticos probablemente seguirán reduciéndose.
El Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una huelga resultó en manifestaciones de varios miles de personas en las calles, las cuales se tornaron violentas. Días antes, la gente estaba reunida en el trabajo, en los parques y en sus casas para debatir interminablemente sobre la incertidumbre de la situación. En la terminal de Río Piedras donde trabaja Rivera, los choferes y el personal de limpieza se juntaron para quejarse tanto de la baja en trabajo y el monto de las jubilaciones como del constante aumento en el precio de los servicios, como el agua y la electricidad.
A pesar de que la medida que se presentó el 3 de mayo no fue para nada una sorpresa, dejó a su paso una sensación de pesimismo y ansiedad: los funcionarios públicos se preguntan si recibirán sus jubilaciones y las empresas privadas prevén sufrir las consecuencias de un efecto dominó resultado del aumento de los impuestos, la caída de los salarios y el éxodo en masa a Florida por parte de la clase media.
“Yo me voy a quedar aquí, aunque gane solo un dólar”, dijo Rivera.
Los próximos meses, el gobierno planea implementar medidas de austeridad que golpearán en particular a los maestros. La secretaria de Educación puertorriqueña ya anunció una propuesta para el cierre de 184 escuelas. El profesorado podría enfrentar un recorte de dos días por mes.
Así que, mientras el gobierno busca protegerse de las demandas tanto de los fondos de cobertura como de otras firmas financieras que invirtieron para pagar la deuda riesgosa de Puerto Rico, los residentes de este territorio estadounidense están sufriendo las restricciones.
Las multas por estacionarse mal y otras violaciones de tránsito han aumentado al doble. Hay varias agencias gubernamentales que están en serios apuros y prestaciones como los bonos anuales de Navidad o la prima vacacional están a punto de convertirse en recuerdos nostálgicos.
Los residentes están preocupados de que su futuro esté en manos de extraños, una junta de supervisión y un juez federal.
“Llegará un momento en el que tendré que decidir entre si vivir en una casa o tener seguro médico”, afirmó Ángel González, el maestro jubilado de 55 años de edad. “¿Y la comida?”, preguntó, con un suspiro.
Su jubilación es de cerca de 1900 dólares al mes, de los cuales 556 están destinados a pagar el plan médico de su familia.
Roberto Pagán, vicepresidente de la división puertorriqueña del Service Employees International Union (sindicato internacional de funcionarios públicos), dijo que esperaba que casi 400.000 personas pierdan sus planes de salud porque no podrán solventarlos. Es probable que ya no haya quién registre querellas de servicios públicos como las denuncias de abuso infantil.
El gobernador Ricardo Rosselló, quien asumió el cargo en enero, reconoció que las personas con ingresos más bajos que no cuenten con acceso a asistencia médica y los padres que tengan a sus hijos en escuelas públicas serán las más vulnerables en los próximos meses.
“Todos deben hacer un sacrificio”, explicó en una entrevista. “Hemos sido muy claros acerca de cuál es ese sacrificio”.
Las medidas que tomó Rosselló se aplicaron poco a poco con el objetivo de que no fueran más injustas para un grupo, afirmó. La mayoría de los residentes cree que la única opción que tenía Rosselló era buscar un tipo de protección en contra de la ráfaga de demandas por el impago, aunque hay otras personas que lo han criticado por romper sus promesas de campaña.
Rosselló está en la posición incómoda de ser el heredero de muchos gobernadores que pusieron a Puerto Rico de rodillas en materia fiscal por tomar y tomar prestado para equilibrar los presupuestos y para financiar una burocracia abotargada de mecenazgo político.
Cuando asumió el cargo, Rosselló dijo que su primera tarea era determinar “la gravedad de la situación”. Esperaba un déficit de 3 mil millones de dólares, pero en cambio se encontró con uno de 7,5 mil millones de dólares.
Las dos administraciones pasadas hicieron recortes de miles de puestos de trabajo de la nómina pública y ahora Rosselló ha prometido que hará “recortes estratégicos”, que presuntamente no repercutirán en despidos y pondrán al gobierno en una posición que le permita negociar con sus acreedores desde una mejor posición. Entre las ideas que se han presentado se encuentra el recorte de 10 por ciento a las jubilaciones gubernamentales, lo cual afectará más a los jubilados de la policía y el magisterio porque no reciben beneficios del sistema de seguridad social.
El plan no impresionó a los acreedores, explicó Rosselló.
“No creen que el plan fiscal sea apropiado; piensan que deben ganar más dinero y que gane menos la gente de Puerto Rico”, dijo. “Por supuesto que mi postura es completamente opuesta: siempre protegeré al pueblo puertorriqueño”.
Santiago Domenech, el contratista general, vive en Aguadilla, un municipio ubicado al poniente de Puerto Rico. Dijo que no tenía idea de dónde quedarán las personas como él en la nueva realidad puertorriqueña. Con las enormes deudas que tiene el gobierno con cooperativas de crédito, con empresas como Microsoft, fondos de cobertura y proveedores de gasolina, ¿cuándo le pagarán para que salde sus cuentas pendientes?
No solo sus ahorros están sujetos a bonos de Puerto Rico, sino que su negocio de contratista también se fue a pique, principalmente porque el gobierno no pagó las interminables facturas de un proyecto de renovación del aeropuerto que rebasó el presupuesto.
“Me quedé sin dinero”, dijo Domenech, quien indicó que ha pensado en mudarse a Canadá. “Me siento frustrado e indefenso”.
Su suegro de 63 años, Alfredo Torres, es dueño de la Librería La Tertulia, la más antigua de la isla y la cual depende del ingreso disponible de estudiantes y profesores del campus de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, los estudiantes llevan un mes en huelga protestando en contra de los severos recortes al presupuesto, y las ganancias de la tienda cayeron hasta 70 por ciento este semestre, comentó Torres.
Torres dijo que lo más fácil sería culpar a la huelga de estudiantes por la baja afluencia de clientes, pero que cuando ve al centro urbano deteriorado que lo rodea, cree que la culpa está en las décadas de negligencia que llevaron a más personas hacia centros comerciales suburbanos y a otras tantas a salir de la isla.
“Mucho de lo que sucede podría ser nada más una percepción, pero es real”, comentó. “Basta darse una vuelta por la plaza”. La mayoría de los negocios en zonas comerciales como el Paseo de Diego están cerrados.
Los datos del Buró de Estadísticas Laborales muestran que la mano de obra de Puerto Rico cayó en casi 300.000 empleados durante la década pasada, dijo Carlos J. Saavedra Gutiérrez, el secretario del Trabajo de la isla.
“Este es un capítulo nuevo”, dijo, cuando recitó los cambios en materia laboral que espera que estimulen la economía y creen “un parche para el éxodo”.
Muchas de las personas que permanecen en Puerto Rico no tienen el dinero para irse. Jesús González, de 53 años, ha pasado 30 años barriendo las calles de San Juan, pero con los recortes que sufrirán las jubilaciones, calcula que tendrá que seguir trabajando por lo menos hasta los 70 años.
Los dos hijos adultos de Iris Matos se mudaron a la parte continental de Estados Unidos en busca de trabajo. Ella y su marido, empleados jubilados de una empresa eléctrica, se están preparando para un recorte mensual de 500 dólares en sus pensiones, a pesar de que sus nietos dependan de ellos para cubrir sus necesidades básicas.
“No hay un solo sector que no haya sido golpeado: los adultos mayores están preocupados por sus jubilaciones, los padres trabajan menos horas, los jóvenes están en huelga en la universidad y los niños están a punto de ver cómo cierran sus escuelas”, explicó Matos, de 64 años. “Están distribuyendo el dolor, pero solo a un tipo de personas: nosotros”.
