Resalta que las agencias de leyes del estado y locales deben enfocarse en mantener los recursos para asegurar a las comunidades
La senadora Nia H. Gill presentó una legislación que prohíbe a los funcionarios de las fuerzas del orden y las autoridades penitenciarias de Nueva Jersey trabajar con las autoridades federales de inmigración para detener a los infractores no violentos con fines de inmigración.
La legislación es en respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump el 25 de enero buscando la ayuda de la policía local para implementar leyes federales de inmigración con el propósito de asegurar que la aplicación de la ley de Nueva Jersey continúe centrándose en mantener a las comunidades seguras en vez de detener a los residentes indocumentados y deportarlos. El proyecto de ley se basa en la Ley de Confianza de 2014 de California, que limita la discreción de las autoridades locales para cumplir con las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (por sus siglas en inglés ICE) de detener a individuos más tiempo de lo que establece la ley estatal o local entre otras condiciones.
«Las órdenes ejecutivas del Presidente Trump sobre inmigración, incluyendo aquellas que buscan delegar a las autoridades legales locales hacer cumplir leyes federales de inmigración son peligrosas. Convertir a nuestros departamentos de policía locales en agencias de inmigración y cárceles en centros de detención federal no es una opción «, dijo la senadora Gill (D-Essex / Passaic). «Esta legislación prohíbe que la policía local responda a las solicitudes de los funcionarios federales de inmigración que es de retener, transferir y proporcionarles información sobre los residentes acusados de delitos no violentos con fines de inmigración».
A diferencia de los presos criminales, que están respaldados por una orden de arresto y requieren causa probable, no hay un requisito para una orden de arresto y ningún estándar establecido de prueba, como sospecha razonable o causa probable, para emitir una solicitud federal de detención de inmigración. Los tribunales han dictaminado que los estados no están obligados a cumplir con las solicitudes federales de detener a inmigrantes indocumentados, proveer información o proporcionar solicitudes de transferencia, y que una agencia local podría violar la Cuarta Enmienda de la constitución al detener a una persona únicamente en base a la solicitud de ICE y ser considerado responsable de daños y perjuicios. (Miranda-Olivares contra Clackamas Co. – D.Or., 11 de abril de 2014).
El proyecto de ley prohíbe que las agencias de policía estatales, de condados o locales y los centros de reclusión del estado o del condado cumplan con las solicitudes voluntarias de información, transferencias o detenciones a petición de ICE en base a una notificación de inmigración a menos que la persona de interés haya sido condenada de un delito grave. Estos crímenes incluyen: asesinato; homicidio involuntario; asalto agravado; secuestro; agresión sexual; robo; posesión ilegal de un arma; poner en peligro el bienestar de un niño; cualquier delito o crimen que involucre violencia doméstica, entre otros.
“Delegar a las autoridades locales para que actúen como agentes federales de inmigración haría que las ciudades y municipios se hagan menos seguros lo cual pondría en riesgo a nuestros residentes y a la policía. Los inmigrantes tendrían menos probabilidades de denunciar crímenes y más probabilidades de convertirse en víctimas de delitos», dijo la senadora Gill. «Además, sabemos que en otros estados la policía local ha llevado a las comunidades inmigrantes a ser objeto de discriminación racial. No debería ser la norma política de Nueva Jersey hacer que las leyes del orden cumplan con la ley federal de inmigración. Las autoridades locales y estatales deben concentrar sus recursos en mantener a las comunidades de Nueva Jersey seguras. Esta legislación se asegurará de que eso suceda».
