Una de las razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico se niega a trabajar para una base de datos común y un sistema integrado de finanzas es debido a que ello evitaría la corrupción que existe en nuestro sistema de gobierno actual.
Tenemos un sistema dislocado y disfuncional de finanzas en la mayoría de las agencias de gobierno. Se pagan millones a empresas privadas para que hagan el milagro de establecer un sistema financiero que le falta a la verdad debido a que los números originales de las cuentas no son correctos.
Primero, no sabemos el dinero que hay en realidad en las arcas de gobierno. Segundo, por décadas hemos dejado de pagarle a las corporaciones públicas y privadas creando déficits en el presupuesto. Tercero, se mezcla todo el dinero en un pote el cual solo el Departamento de Hacienda tiene una idea más o menos clara pero depende de que los sistemas de papel y semi computadorizados funcionen a perfección. Cuarto, tenemos un sistema de información que no sirve y que promueve la corrupción gubernamental.
Existen miles de leyes y reglamentos en las instituciones gubernamentales pero no se aplican cuando descubren un funcionario corrupto en una de las agencias. Todos quedan ciegos y sordos cuando ven que existe un esquema de corrupción entre los empleados de gobierno y personas ajenas a la institución. Muchos tienen miedo de perder su trabajo y se quedan en silencio haciéndose cómplice de la situación bochornosa que tenemos actualmente.
Si queremos resolver el problema hay que primero aceptar que existen esquemas de corrupción actualmente los cuales deben ser identificados. Los empleados deben grabar con video, audio y fotografías para ir acumulando pruebas suficientes. Si escucha algún grupo planificando un esquema, haga la comunicación a las agencias federales pertinentes.
Las leyes estatales existen pero no se cumplen. Las leyes federales existen y se hacen cumplir debido a que todavía hay un tribunal federal en la isla que sigue arrestando funcionarios corruptos.
El problema es tan grande que tendremos una Junta de Control Fiscal velando que lo que está en la ley se cumpla. Todos aquellos que crean que la cosa seguirá como antes, se equivocan.
Recomendamos que se cierre temporeramente la Universidad de Puerto Rico y la Legislatura por completo. Ambas instituciones necesitan arreglar su sistema de gastos y funciones. Ambas instituciones no deben ser una carga de gastos financieros sin control para el gobierno. Cuando comencemos a digitalizar todos los récords, contratos y sistemas financieros de forma integrada y a seguir las leyes y leyes y reglamentos al pie de la letra, entonces tendremos el control del dinero gubernamental para el servicio de todos.
