Tras analizar las nuevas leyes de Transparencia y Datos Abiertos, el Índice Global del Derecho a la Información (RTI Rating) colocaría a Puerto Rico en el puesto 87 entre otros 128 países estudiados
San Juan, Puerto Rico — La Red de Transparencia dio a conocer hoy un estudio que revela que Puerto Rico ocuparía el puesto número 87 cuando se compara con los 128 países que analiza el Índice Global del Derecho a la Información (RTI Rating) del Centre for Law and Democracy (CLD). El estudio realizado por el Centre for Law and Democracy analiza las leyes de Transparencia y Datos Abiertos en Puerto Rico, aprobadas en agosto del año pasado, y señala áreas de fortalezas, así como las debilidades de dichos estatutos, y recomienda las áreas que requieren atención.
Las leyes de Puerto Rico, según el estudio que presentó hoy Toby Mendel, director ejecutivo del CLD, obtienen una puntuación de 73 del máximo posible de 150 en la escala del RTI Rating. Este resultado colocaría a Puerto Rico en el tercio más bajo (puesto 87) de la escala cuando se compara con los países que incluye el Índice Global.
“Puerto Rico necesita reglas más fuertes para garantizar el derecho a la información si es que realmente aspira a implementar adecuadamente este derecho garantizado por vía constitucional”, expresó Mendel. “Sus leyes actuales son mucho más débiles que la mayoría de las leyes nacionales adoptadas en las Américas”, puntualizó el director del CLD.
Mendel es una autoridad internacional en temas de transparencia. En su sitio web, la Unesco publica una biografía en la que menciona que Mendel ha colaborado ampliamente con actores intergubernamentales incluidos el Banco Mundial, la Unesco, la OSCE y el Consejo de Europa, así como con numerosos gobiernos y ONGs en países de todo el mundo. Su trabajo abarca una amplia gama de áreas, tales como: reformas y análisis legales, capacitación, defensa y desarrollo de capacidades. Ha publicado extensamente sobre temas de: libertad de expresión, derecho a la información, derechos de comunicación y asuntos de refugiados.
El RTI Rating fue desarrollado por la CLD en Canadá y su contraparte en Europa, el Access Info Europe. Se publicó por primera vez el Día del Derecho a Saber del 28 de septiembre de 2011 y se actualiza continuamente para incluir todas las leyes nacionales de RTI. Este índice es la única metodología de autoridad que evalúa la solidez de los marcos legales que inciden sobre ese derecho a nivel internacional. El instrumento ha sido reconocido por entidades como la Unesco y el Banco Mundial.
Mendel explicó que el RTI Rating mide las fortalezas del marco legal de los países sobre acceso a la información pública utilizando 61 indicadores, divididos en siete categorías principales: derecho a tener acceso, alcance, proceso de solicitud, excepciones y denegaciones, apelaciones, sanciones y protecciones, y medidas de divulgación.
Recalcó que el índice mide el marco legal, no la implantación de las leyes. Entre las debilidades clave de las leyes de Puerto Rico de acceso a la información figuran:
● Vacíos importantes en los procedimientos para hacer solicitudes de información y para responderlos
● El régimen de excepciones es demasiado amplio, por lo que solo recibió 23% de los puntos asignados a este renglón en el RTI Rating
● No hay un foro administrativo independiente para hacer apelaciones
● El sistema de protecciones y sanciones es muy limitado
● Tienen pocas medidas de divulgación para apoyar una buena implementación
El análisis del marco legal de acceso a la información de Puerto Rico fue hecho por el CLD a petición de la Red de Transparencia, un colectivo de organizaciones e individuos que promueven el libre flujo de información y la transparencia en Puerto Rico. En este esfuerzo, la Red reconoció el trabajo en equipo que lideraron los representantes de Espacios Abiertos, el Centro de Periodismo Investigativo y Sembrando Sentido.
“Quisimos que una entidad independiente de reputación internacional como el RTI Rating analizara las leyes de acceso a la información aprobadas hace menos de un año y, en efecto, el estudio confirma lo que organizaciones locales han señalado. Que ambas leyes tienen unas deficiencias, que lejos de aportar a garantizar el derecho constitucional de acceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, lo limita“, puntualizó Issel Masses, portavoz de la Red de Transparencia y fundadora de Sembrando Sentido.
Ante la coyuntura actual que vive Puerto Rico, los resultados y recomendaciones de este estudio se presentan precisamente cuando mundialmente se celebra la Semana del Gobierno Abierto para contribuir a forjar una cultura de transparencia en Puerto Rico. “Un gobierno abierto en Puerto Rico, es posible”, acotó Masses, mientras exhortó a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa a aprovechar la última sesión legislativa que está corriente para corregir las deficiencias antes de que cierre la presente sesión, las limitaciones de acceso a la información creadas por ambas leyes aprobadas hace menos de un año.
