(San Juan, P.R.) En un intento por potenciar el desarrollo económico de Puerto Rico, la comisionada residente, Jennifer González Colón, propuso la designación del territorio como un centro de manufactura nacional. Aunque la comisionada había presentado una legislación similar, cuando el Partido Republicano estaba en mayoría sin resultados, esta vez está confiada que con el apoyo bipartita de los congresistas Mario Díaz Balart, Darren Soto, María Elvira Salazar y Rubén Gallego y del senador republicano Marco Rubio.
La medida legislativa estaría cobijada bajo la propuesta que plantea traer de vuelta a Estados Unidos las empresas que producen equipo médico y las farmacéuticas que por décadas han estado ubicadas en China y otros países (conocido en inglés comonMedical Manufacturing, Economic Development and Sustainability Act” (MMEDS Act). Estas empresas recibirían incentivos federales para que se localicen principalmente en zonas de niveles altos de pobreza (Distressed Zones, DZ).
El programa de DZ ofrece hasta un 40 por ciento en créditos contributivos para salarios y beneficios marginales; 40 por ciento de depreciación y amortización de propiedad; y un 30 por ciento en compras de bienes y servicios.
El “MMEDS” añade beneficios adicionales en créditos contributivos mayores para actividades de investigación y desarrollo o líneas de producción que se reubiquen desde el extranjero a una zona de nivel alto de pobreza o coherentes a productos de salud; y para bienes y servicios adquiridos de negocios propiedad de representantes de los grupos minoritarios.
En el caso particular en que la empresa se esté relocalizando desde el extranjero, los créditos contributivos aumentan: 60 por ciento en créditos contributivos para salarios y beneficios marginales; y un 50 por ciento en compras de bienes y servicios dentro de áreas empobrecidas. El programa también provee la oportunidad de escoger entre un crédito de 60 por ciento de depreciación y amortización de propiedad o tomar una deducción inmediata de esos costos.
El programa incentiva la relocalización de compañías estadounidenses que producen medicamento o artefactos relacionados con el campo de la salud poblacional. Este término, salud poblacional, hace referencia a los fabricantes de medicamentos o dispositivos médicos que han sido identificados por Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA) para atender problemas de salud crónicos que agravan los efectos de las pandemias y causan un daño desproporcional en poblaciones vulnerables. En el caso de este tipo de empresas, el gobierno ofrece beneficios de hasta un 60 por ciento en créditos contributivos para salarios y beneficios marginales; 60 por ciento de depreciación y amortización de propiedad; y un 50 por ciento en compras de bienes y servicios en un distrito empobrecido o DZ.
Se establecería una colaboración con BARDA para la investigación, aprobación e infraestructura; se harían compromisos de compras con agencias federales de salud y se aplicaría el GAIN Act (procesos de aprobación expedita y extensiones al periodo de exclusividad de comercialización).
La comisionada y otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) estiman que esta medida atraerá las corporaciones necesarias para revivir la lacerada economía isleña. El gobierno federal estima que un 75 por ciento de la isla cualifica como área de pobreza extrema.
La industria farmacéutica en Puerto Rico sufrió un duro golpe con la eliminación de los incentivos contributivos provistos bajo la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. El PNP abogó por la eliminación de la 936 en busca de equiparar la isla con los estados, pero al no poder establecer un programa atractivo para las farmacéuticas y otras fábricas, la mayoría terminó yéndose de Puerto Rico, hundiendo al territorio en la peor crisis económica de su historia y llevando al gobierno a la quiebra.
Invest Puerto Rico, en su informe sobre la situación económica del país indica que en la isla se producen más de mil fármacos. Destaca Invest que Puerto Rico produce 5 de los 10 fármacos más vendidos en el mundo. Añade el grupo que la isla cuenta con la infraestructura necesaria y el personal profesional cualificado para que farmacéuticas consideren establecerse de nuevo en el archipiélago bajo este programa federal de incentivos contributivos.
“Con su infraestructura de manufactura de equipo y materiales médicos bien establecida y su fuerza laboral altamente capacitada, Puerto Rico está preparado para desempeñar un papel líder en la creación de una cadena de suministro nacional confiable, si se incentiva adecuadamente a los manufactureros para establecer operaciones en suelo americano. La medida abonaría a la creación de empleos bien remunerados, posicionaría a Puerto Rico para hacer contribuciones nacionales como asegura la cadena nacional de suministros, proteger las poblaciones más vulnerables.”, asegura González Colón.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y representantes de diversos sectores económicos e industriales apoyan el proyecto de la comisionada. Empero, para el pueblo puertorriqueño que ha sufrido las consecuencias de la eliminación de la Sección 936, la legislación de la comisionada no es más que una acción hipócrita.
“Esto es una hipocresía, los mismos que nos han llevado a la ruina a hora vienen con otro cuento con créditos contributivos. No saben lo que quieren. Buscan la anexión, pero destruyen la economía, puntual para la estadidad”, señala Carlos Martínez de San Juan.
“Ahora nos pintan otra 936 con el asunto de la extrema pobreza y ¿qué era antes”, cuestiona Ana Morales de Trujillo Alto. “No saben ni lo que quieren, a veces pienso que son el peor enemigo de la estadidad”.
“Hablan de extrema pobreza, dis que un 75 por ciento de la Isla, pero nos hundieron en la pobreza y llevaron al país a la quiebra. Esto es increíble”, expresa Santa Báez de Carolina.
La legislación tiene un camino difícil para su ratificación. Los estados están compitiendo para atraer a farmacéuticas y otras industrias que potencien el desarrollo económico. Debemos recordar que la nación ha sido duramente golpeada por la pandemia y muchos estados enfrentan tasas de desempleo no vistos desde la era de la Gran Depresión. Además, varios republicanos, partido en el que milita González Colón, se oponen a la legislación porque no consideran a Puerto Rico, un territorio no incorporado, parte de la nación.