El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de 104 asambleístas, condenó el femicidio en contra Diana Carolina R.R. en la ciudad de Ibarra, la violación grupal contra la ciudadana conocida como Martha, en Quito y todos los hechos de violencia que continúan presentándose a nivel nacional, ante lo cual la Asamblea se solidarizó con las víctimas, sus familiares y exige de las autoridades judiciales investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos, así como establezcan medidas de reparación efectiva de derechos en favor de las víctimas.
Condenó enérgicamente todo acto de violencia de discriminación, xenofobia e incitación al odio en contra de la población migrante que se encuentra en nuestro territorio, a quienes acoge con un enfoque de hermandad y protección de derechos, así como ratificar los principios de la Constitución, los tratados de derechos humanos y solicitó al Gobierno desarrolle una política migratoria con medidas y controles necesarios para la protección de la seguridad interna, con pleno respeto de los derechos de las personas en movilidad humana.
Instó a las autoridades correspondientes adopten medidas integrales para combatir la delincuencia, violencia de género, racismo, xenofobia y la intolerancia, para lo cual la Asamblea liderará una reunión de trabajo con resultados concretos desde las instituciones involucradas.
Así mismo, la Legislatura expresó el respaldo absoluto a todos los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, aclarando que la ley permite el uso de la fuerza, inclusive letal, si es para defender los derechos de los ciudadanos, sin que por ello sean víctimas de represalias indebidas.
La resolución requiere del Gobierno Nacional y demás organismos del Estado la implementación de la Ley de Desarrollo Fronterizo de la cual es parte la provincia de Imbabura y, su capital, la ciudad de Ibarra, lo que contribuirá a mitigar y enfrentar el impacto de las migraciones, que afecta particularmente a las zonas de frontera.
En el texto se incluye el coordinar con la Función Ejecutiva la utilización de los espacios gratuitos en los medios audiovisuales de señal abierta para ejecutar un plan de comunicación y sensibilización, con planes y programas para prevenir y erradicar la violencia de género, discriminación y xenofobia.
Así mismo, se determina que la Asamblea priorice la revisión de la normativa legal que corresponda, en particular el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana, para impulsar un marco legal que proteja la labor policial y garantice su actuación frente a hechos delictivos que pongan en riesgo la vida de las personas, garantizando el principio de legitimidad de sus actuaciones.
Dispone a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales que convoque a comparecer a todas las autoridades pertinentes para esclarecer las acciones e inacciones en el caso de la ciudadana Diana Carolina R.R., debiendo remitir al Pleno de la Asamblea, en el pazo de 15 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones respectivas.
También se requiere la comparecencia al Pleno del secretario Nacional de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño Granizo, a fin de que explique cuáles han sido los resultados de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, los recursos asignados para tal efecto y el destino que se da a los mismos.