El fiscal Carlos Baca Mancheno fundamentó su pedido luego de presentar las pruebas documentales y testigos que señalan al segundo mandatario como el responsable directo de los sectores estratégicos por sus funciones de Ministro Coordinador y después como vicepresidente
Guayaquil, (Andes).- La Fiscalía de Ecuador solicitó este jueves al Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia aplicar la pena máxima de seis años contra el vicepresidente de la República, Jorge Glas, y su tío Ricardo Rivera, en el juicio que se le sigue a él y otras ocho personas por presunta asociación ilícita en la trama Odebrecht.
El fiscal Carlos Baca Mancheno fundamentó su pedido luego de presentar las pruebas documentales y testigos que señalan al segundo mandatario como el responsable directo de los sectores estratégicos por sus funciones de Ministro Coordinador y después como vicepresidente. En el caso de Rivera también dijo que se habría demostrado la participación en el presunto delito de asociación ilícita.
«Ha quedado comprobado que tuvo poder e injerencia en estos proyectos», indicó Baca al indicar que fueron cinco grandes obras, donde supuestamente se habrían realizado pagos de sobornos por parte de la constructora brasileña. Aclaró, además, que el pedido se basa en el artículo 370 del Código Penal anterior, que estaba vigente al momento de cometerse la infracción.
Baca añadió que en el proceso consta que Glas fue quien lideró la expulsión y luego el retorno de la empresa en el año 2010, lo cual tendría relación con el pago de 2 millones de dólares a Ricardo R., a través de una empresa de telecomunicaciones. Recalcó que ese dinero fue entregado a la Fiscalía por el dueño de la empresa Telconet, ya que todavía estaban en sus cuentas.
De su parte, Eduardo Franco, abogado del vicepresidente, insistió en la inocencia de su defendido. “La justicia debe resplandecer en el caso del vicepresidente. No ha cometido delito alguno y no hay pruebas. Por tanto debe ser absuelto y recuperar de manera inmediata su libertad”, indicó en su cuenta de Twitter.
Señaló, además, que una de las pruebas que vincularían a su defendido es un pendrive que contiene información que no ha sido verificada por cuanto no existe la fuente (computadora) original de dónde se la obtuvo.
Además sostiene que es un complot con Odebrecht con fines políticos. En ese sentido cuestiona la absolución que hizo a los directivos de la constructora en Ecuador, uno de ellos autor confeso del delito.