Una vez que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional (AN), entregó a la Presidencia de la AN el informe no vinculante, en el que consta la investigación respecto al caso Pandora Papers, en el que está involucrado el mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso Mendoza. Lasso con el apoyo de varios partidos y movimientos políticos oficialistas rechazan la posibilidad de que el mandatario comparezca al Pleno de AN para despejar dudas y acusaciones que trae el mencionado informe.
El aludido informe contiene varias recomendaciones para que en el Pleno de la AN los asambleístas las debatan, de las más destacadas se puede citar las siguientes: se verifique la inobservancia del Presidente Guillermo Lasso del Pacto Ético aprobado en consulta popular en 2017, que prohíbe a los funcionarios públicos y de elección popular poseer cuentas en los llamados paraísos fiscales, por lo que Lasso no habría respetado la ley al inscribir su candidatura para las elecciones de 2021.
Esta acción podría conducir al incumplimiento constitucional dispuesto en el Art. 130, numeral 2 de la Constitución.
Además, sugiere la comparecencia de Lasso, en el plazo de 8 días al Pleno de la AN para que entregue la información solicitada y para que aclare cómo se deshizo de sus cuentas offshore? ¿las vendió? ¿las cedió? dónde está el pago de impuestos?
Esta misma mesa legislativa recomienda que, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por instituciones del Estado, relacionados con transacciones, patrimonios e investigaciones en curso, vinculadas con el Lasso Mendoza.
Adicionalmente, recomienda enviar el informe a la Fiscalía, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos, para que al margen de los elementos de responsabilidades políticas inherentes al Pleno de la AN, procedan acorde con sus responsabilidades constitucionales y legales.
El Pleno de la AN deberá comunicar a todas las instituciones del Estado que Lasso ha renunciado públicamente y por escrito al sigilo de sus cuentas. Para tal acción la AN otorga el plazo de 48 horas a las instituciones estales para que entreguen la información requerida.
Añade el informe que se exhortará al Ejecutivo y a la Corte Constitucional para acelerar el proceso de ratificación de Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con los Estados Unidos.
Finalmente, el informe concluye que de conformidad a lo que dispone el art. 131 de la Constitución se proceda al enjuiciamiento político de las autoridades gubernamentales que no concurrieron o no facilitaron información solicitada por la Comisión.
Fernando Cabascango, presidente de la Comisión y militante de Pachakutik recalcó que de ninguna manera se está pidiendo la destitución de Lasso.
Amerita recordar que la vinculación de Lasso en el caso Pandora Papers es el resultado de una investigación periodística de 600 comunicadores pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que aglutina a los medios de comunicación más reconocidos del planeta.
REACCIONES
De hecho, el informe de la comisión ya ha traído una estela de reacciones. Varios partidos políticos y organismos gubernamentales oficialistas se han manifestado en contra del contenido del informe; entre tanto otros de oposición piden que Lasso comparezca a la Asamblea para escuchar su versión.
Mientras la ciudadanía observa absorta cómo se trata de defender la actuación irregular del mandatario, quien a su entender ha escondido sus dineros en las guaridas fiscales para evadir el pago de tributos, cuando él mismo, ha enviado un proyecto de ley a la AN para aumentar el pago de impuestos, sobre todo, a la clase media ecuatoriana.
El gobierno a través de un comunicado rechazó el informe aduciendo que en él “se sostiene la falsa hipótesis de que el presidente inobservó el pacto ético”. Afirma que el texto aprobado “está en contra de la razón y del derecho, que ha sugerido que el Presidente de la República no observó la ley al inscribir su candidatura”. “El Gobierno nacional advierte que la Comisión ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”.
Guillermo Lasso reiteró que no asistirá a comparecer a la AN porque la Fiscalía abrió una investigación previa por defraudación tributaria contra él. Agregó que ya ha pedido a la Contraloría que investigue este caso.
El Partido Social Cristiano (PSC), liderado por el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien apoyó la candidatura de Lasso para llegar a la Presidencia publicó un comunicado, que en su parte medular sostiene no estar de acuerdo con una de las recomendaciones, referente a la inobservancia del Pacto Ético de 2017.
“El informe dice que eso justificaría la destitución del Presidente bajo el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, que dice que la asamblea puede removerlo del cargo por “grave crisis política y conmoción interna”. Este artículo de la Constitución es conocido como la muerte cruzada, una institución jurídica de anulación institucional mutual entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y legislativo”. (COIP).
También, señala ciertos puntos débiles del informe como faltas de ortografía y desconocimiento de normas como la Constitución y el Código Integral Penal. Se evidencia falta de pruebas y recomendaciones imprecisas.
De su parte, la poderosa Confederación de Nacionalidades de Indígenas de Ecuador (CONAIE), en un comunicado conminó al gobierno en los siguientes términos“ Exhortamos al Gobierno Nacional a dar inmediata aclaración de las acusaciones del caso Pandora Papers y sus nexos con paraísos fiscales ante la Asamblea Nacional, un gobernante le debe transparencia a la población, no puede seguir escudándose en acusaciones irreales de “triunviratos, desestabilización y golpes de estado”, cada vez que se le motiva a decir la verdad desde diversos de la sociedad”.
De otro lado, indicó que la vinculación de Lasso con este caso “se suma a una ya existente situación de crisis y conmoción social que atraviesa Ecuador por múltiples crisis: falta de empleo, regresión de derechos laborales, inseguridad histórica, surgimiento de una nueva ola migratoria”.
Concluyen que el informe de la AN “tiene consecuencias graves, pues los paraísos fiscales implican fraude tributario, hurto, despojo, pobreza, concentración obscena de la riqueza y desigualdad social”.
Es notorio que la visión de la Conaie es clara respecto al caso Pandora Papers. La pregunta que viene a la mente de la ciudadanía es cuál será la posición de Pachakutik?( brazo político de la Conaie, respecto a este caso en el seno de la AN.
El movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que ha apoyado de manera abierta y frontal para que Lasso comparezca al Pleno de la AN y ha fustigado las acusaciones de Lasso que apuntan a que el ex mandatario ecuatoriano, Rafael Correa Delgado, estaría tras este tema, con el ánimo de desestabilizar la democracia.
En una carta pública remarcó “documentos presentados demuestran que al momento de la inscripción de la candidatura de Guillermo Lasso a la Presidencia en 2020, aún no había cedido por completo sus acciones de una empresa en Panamá incumpliendo el Pacto Ético”.
A la vez cuestiona ¿Seguirá Lasso dándoles largas al asunto y desoyendo la llamada de la primera función del Estado? No más contradicciones y ocultamientos e información confusa. Es la ciudadanía la que espera respuestas por parte del Presidente no la Asamblea.
Paola Cabezas, coordinadora de la bancada de UNES, pidió al gobierno de Lasso que dejen de perseguirles y defendió el informe sobre Pandora Papers. Aseveró que la investigación no es política, sino de “índole legal, moral y ética”.
El jurista y analista político, Mauro Andino Espinosa, afirmó que “en estricto derecho, el Presidente Lasso podría negarse- otra vez- a comparecer a la Asamblea, sin que esto signifique alguna consecuencia jurídica, más allá del descrédito ante el Parlamento y la ciudadanía que tendría serias dudas sobre las razones de su evasiva”.
El analista político Marco Navas trinó “la defensa a ultranza que de su patrimonio despliega Guillermo Lasso hace que la institucionalidad democrática de Ecuador esté en ciernes. Él no está en capacidad de ser presidente de la república carece de legitimidad para ello al estar relacionado con paraísos fiscales”.
La Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de las filas de Pachakutik aún no ha convocado al Pleno para tomar una resolución, pero una mayoría de asambleístas no coinciden con lo dicho por el informe. Muchos de ellos tomaron esta decisión, a última hora; lo que ha levantado a una serie de conjeturas por parte de la ciudadanía que mira con indignación y repudio la actitud de varios legisladores.
Por lo descrito, la ciudadanía de a pie considera que Lasso debería acudir a la AN. De lo contrario quedaría en el ambiente la sensación que el actual mandatario estaría incurso en los delitos de perjurio, testaferrismo y evasión tributaria.
Ojalá su gobierno y los partidos políticos que le apoyan, CREO, Social Cristiano (SP), Izquierda Democrática, BAN y una parte de Pachakutik consideren que el mandatario le debe explicaciones al pueblo ecuatoriano, su mandante.
Para una gran mayoría de la ciudadanía no existe ninguna intención de desestabilizar la democracia. El clamor ciudadano es que se conozca toda la verdad de los propios labios de Presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
