La Universidad de Puerto Rico está en probatoria. La Middle States Commission on Higher Education encargada de acreditar los once recintos de la Universidad de Puerto Rico le dio el ultimátum que si no entregan los informes financieros auditados y justifican la razón para dejar abiertos los once recintos, le será suspendida la acreditación.
Según una carta enviada por la presidenta de la Comisión, Elizabeth H. Sibolski, la decisión para enviar la advertencia a la UPR se tomó el pasado 7 de enero.
La UPR tiene como fecha límite el 25 de enero para demostrar causa.
La carta dice y citamos:
“[Requerimos] que la institución demuestre causa, antes del 25 de enero de 2019, para demostrar por qué su acreditación no debe retirarse debido a que no hay pruebas suficientes de que la institución cumple con el Estándar VI (Planificación, Recursos y Mejora institucional), requisitos de afiliación 11 y 14, y la política de entidades relacionadas”. Termina la cita.
Este asunto grave puede traer una lista de problemas aun mas graves a la isla. Para comenzar, los estudiantes no tendrán la Beca Pell debido a que los cursos de la UPR no serán acreditados. Segundo, la universidad y sus recintos perderían millones de dólares en dinero federal que les llega por concepto de proyectos de investigación. Tercero, dejarían a los estudiantes con grados incompletos y serian forzados a moverse a una institución privada que cobraría muchísimo más caro por crédito.
Según el presidente de la universidad, el Dr. Jorge Haddock, la universidad ya entregó los informes que les están pidiendo. Este tipo de aseveración causa confusión al lector y a los estudiantes debido a que no cuadra con lo que dice la agencia acreditadora.
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y el presidente se encuentran en aprietos debido a que le están dando el ejemplo de como funciona la universidad y sus recintos. Claramente se ve que todo proceso administrativo es lento, desorganizado, y funciona como una república independiente del gobierno central.
La Junta de Control Fiscal también les ha dado duro a la Universidad de Puerto Rico.
Para efectos de la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico es una institución que la junta le ha quitado la mitad del presupuesto porque no pudieron justificar el uso de los miles de millones que estaban gastando en administración, contratos externos y trabajos duplicados. También la junta se ha dado cuenta que no todos los recintos producen dinero con sus investigaciones y servicios. Tampoco trabajan los proyectos colaborativos como una sola institución. Todo lo contrario. Cada recinto se ve como una cosa aparte del resto.
Aun dentro de cada recinto los departamentos académicos se ven como entes separados del resto de la universidad y no colaboran en proyectos para buscar fondos externos o servir a la comunidad que les rodea. Otros recintos tienen un exceso de profesores sin estudiantes suficientes para sus clases. O sea, pueden tener cientos de profesores cobrando un sueldo y beneficios sin tener estudiantes que atender. También pueden tener 20 decanos y 20 secretarias, asistentes, ayudantes administrativos para una facultad minúscula cobrando extra por administrar algo que no existe.
Les invitamos a que hagan el organigrama existente para cada recinto y cada departamento dentro de cada recinto y el organigrama que aparece en papel para que comparen lo que es realidad y lo que es mentira.
El poner la fantasía de que todo está bien en un informe para que la Middle States Commission on Higher Education tenga que cuadrar con la realidad. La agencia acreditadora se ha dado cuenta que le han mentido y le siguen mintiendo.
Estas son las consecuencias de las décadas de la falta de gobernanza, innovación y administración efectiva.