Según las últimas informaciones obtenidas por este servidor, podemos afirmar que la transparencia de algunas agencias de gobierno de Puerto Rico es obscura. O sea, que no se ven las transacciones y contratos hasta que aparecen firmadas, selladas y otorgadas. Según la Ley PROMESA, la Junta de Control Fiscal debe aprobar todos los contratos de 10 millones o mas que se otorguen por el Gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿que pasa con los contratos de menos de 10 millones? ¿Nadie los estará fiscalizando?
La gente de Puerto Rico espera que los contratos del gobierno otorgados a los panas, familiares, hermanos, esposas, tíos, chillas, primos, y donantes de la campaña política, tendrán que poner en la subasta una cantidad por de menos de 9 millones. O sea, si no los velan, en una subasta de 30 millones la misma compañía se convertirá en varios contratos por 10 millones en ves de un contrato de 30 millones.
También ha sido costumbre cotidiana poner en la subasta menos de lo que estaba en la factura original y luego al próximo año le subían la cantidad a la subasta original por mucho más dinero.
La contralora de Puerto Rico mencionó en el día de hoy en un programa de radio que algunos correos electrónicos obtenidos tienen evidencia de persona en el área de compras de las agencias de gobierno que dice “ven a buscar el cheque y acuérdate de lo mío”. Obviamente estas personas de los departamentos de compras de las agencias de gobierno no son catalogadas como genios cuando descaradamente incluyen estas aseveraciones en sus correos electrónicos.
La falta de confianza en los procesos del gobierno de Puerto Rico, de ambos partidos políticos, es lo que ha traído a la Junta de Control Fiscal para que vele por el dinero de los bonistas que invirtieron dinero en Puerto Rico. Vemos como todavía siguen los acuerdos y contratos turbios en las agencias de gobierno. Por ejemplo, antes de otorgar una subasta a las compañías que van a subastar para la nueva generadora de la Autoridad de Energía Eléctrica en Cataño, ya se le había alquilado a una de esas compañías el puerto en la bahía que le queda cerca. Esto pone en ventaja a esa compañía sobre las demás debido a que es un requisito tener un puerto y una bahía alquilada.
Este tipo de arreglos deja mucho que decir de los funcionarios del gobierno de la isla que no entienden el peligro que conlleva continuar con las prácticas ilegales. Solo le están dando la razón al presidente Trump y a las agencias federales para que acusen al gobierno de inepto y para que tomen control de todas las agencias de gobierno por la falta de confianza.
Podemos concluir que hay dos crisis en la isla de Puerto Rico. La crisis de la quiebra total del gobierno y la crisis de la falta de credibilidad ante el mundo. Hay que comenzar a trabajar para erradicar la corrupción que todavía existe en las agencias de gobierno. El Departamento de Justicia debe actuar de forma rápida en el arresto de estas personas. De lo contrario, el FBI y las agencias de ley y orden federal se harán cargo de tomar jurisdicción de todo el gobierno local por la falta de acción.
Por último, vemos como los empleados del gobierno siguen en la creencia de que todo va a ser igual que antes y que hay dinero para bono de navidad, aumentos de sueldo, permanencias y beneficios. La Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez está en un paro durante el día de hoy debido a que exigen más beneficios y no están de acuerdo con la reducción del presupuesto que le acaba de anunciar la Junta de Gobierno de la UPR.
Hay que prepararse para lo que viene. La reducción es real y los cambios serán muchos para los que Vivian del guame gubernamental.
