La Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden prohibir que sus trabajadores no sindicalizados se unan para quejarse sobre el salario y las condiciones en el lugar de trabajo.
En un fallo el lunes 5-4, donde la mayoría fueron los miembros conservadores de la corte, los jueces determinaron que las empresas pueden obligar a los empleados a usar individualmente el arbitraje para resolver disputas. El resultado significa una victoria importante para los intereses comerciales.
Se estima que 25 millones de empleados trabajan bajo contratos que prohíben la acción colectiva de los empleados para presentar reclamos sobre algún aspecto de su empleo.
La administración Trump respaldó a los empresarios, revirtiendo la posición que la administración Obama tomó a favor de los empleados.
La tarea del tribunal era reconciliar las leyes federales que parecían apuntar en diferentes direcciones. Por un lado, las leyes laborales del New Deal explícitamente les daban a los trabajadores el derecho de unirse en demandas. Por otro lado, la anterior Ley Federal de Arbitraje fomenta el uso del arbitraje en lugar de los tribunales.
El juez Neil Gorsuch, argumentando el criterio de la mayoría, dijo que los contratos son válidos según la ley de arbitraje. «Como cuestión de política, estas cuestiones son seguramente debatibles. Pero, como cuestión de derecho, la respuesta es clara», escribió.
En desacuerdo y del lado de los liberales de la corte, la jueza Ruth Bader Ginsburg calificó la decisión como «terriblemente incorrecta». Ginsburg dijo que las quejas individuales pueden ser muy pequeñas en términos de dólares, «apenas de un tamaño que justifique el gasto de buscar reparación», lo cual justificaría acciones colectivas. Ginsburg leyó un resumen de su disensión en voz alta.
La Junta Nacional de Relaciones Laborales, rompiendo con la administración, argumentó que los contratos que requieren que los empleados renuncien a su derecho de acción colectiva entran en conflicto con las leyes laborales.
Los tribunales inferiores estaban divididos sobre el tema. El tribunal superior consideró tres casos: dos en los que los tribunales de apelación dictaminaron que dichos acuerdos colectivos no pueden ejecutarse y un tercero en el que el tribunal de apelaciones dijo que eran válidos.