La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, entregó a los jefes de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Leonardo Valdés, y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Roberto Conde, el ‘Acuerdo relativo a los privilegios inmunidades’ de los integrantes de cada misión para el referéndum y consulta popular del 4 de febrero de 2018, suscrito el pasado 19 de enero por las partes.
“Estas misiones electorales son un mecanismo fundamental para apoyar el respeto irrestricto de los derechos políticos de los suramericanos, de los latinoamericanos, y reitero toda la disposición y el apoyo del Gobierno de Ecuador para facilitar las labores de los observadores”, expresó la ministra al dar la bienvenida a los jefes de ambas misiones.
Este 4 de febrero los ecuatorianos están convocados a pronunciarse sobre siete temas que son de “fundamental trascendencia para el futuro del Ecuador” resultado del diálogo nacional convocado por el Presidente a todos los sectores de la sociedad y que recibió más de 2.700 propuestas de preguntas.
La OEA ha observado 19 procesos electorales en Ecuador desde 1968, la más reciente fue la participación del organismo en las elecciones generales de 2017.
El jefe de la misión, Leonardo Valdés, aseguró que los observadores analizarán aspectos “sustanciales” como justicia electoral, financiamiento de campañas, organización y tecnología electoral. “La misión presentará sus hallazgos y formulará las recomendaciones con el fin de contribuir al perfeccionamiento del sistema electoral ecuatoriano”, señaló.
Mientras, el jefe de la misión de Unasur, Roberto Conde, se comprometió a asumir con “enorme” responsabilidad a cumplir con los principios de objetividad, independencia, legalidad no injerencia y transparencia de la Unasur “para trabajar ante la ciudadanía del Ecuador”.
La entrega del acuerdo forma parte del interés de Ecuador por mantener y promover la diversificación de actores internacionales en el papel de observadores electorales y reafirma la posición del Gobierno para garantizar la total transparencia del proceso democrático electoral.
El documento establece que los bienes y haberes del grupo de observadores electorales gozarán de inmunidad contra el allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y contra toda forma de intervención en cualquier lugar del territorio ecuatoriano en que se encuentren. Los locales que ocupe la misión así como todos los documentos de la misión serán inviolables.
Los observadores electorales gozarán también inmunidad contra la detención y arresto, derecho de comunicación y movilización, entre otros.