San Juan, P.R.) El Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés) arrestó por segunda ocasión a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. La exfuncionaria está acusada de soborno, fraude bancario y conspiración para cometer fraude.
El pliego acusatorio indica que Keleher intercambió un predio de terreno de 1,034 pies pertenecientes a la escuela bilingüe Padre Rufo, localizada en Santurce, a cambio de un apartamento en el complejo Ciudadela, colindante con el plantel escolar.
Keleher firmó un contrato de alquiler con opción a compra de un apartamento de dos dormitorios en Ciudadela en junio de 2018. El inmueble fue tazado entonces en $297,500. El contrato estipula que Keleher pagaría solo $1 por concepto de alquiler hasta agosto y que luego sufragaría una renta de $1,500. La exsecretaria, quién compró la propiedad en diciembre de 2018, nunca pagó el alquiler. El contrato también incluía un bono de $12,000 para la compra del inmueble.
En concordancia con la ley de Ética, Keleher debía informar esta transacción a la Oficina de Ética Gubernamental.
El agente inmobiliario Ariel Gutiérrez Rodríguez es señalado como coacusado junto a Keleher por su participación en el esquema de soborno y conspiración para cometer fraude. El pliego puntualiza que Gutiérrez Rodríguez estuvo a cargo de la transacción que facilitó el acuerdo entre Keleher y los dueños de Ciudadela. El imputado es acusado de llevar la carta lista para la firma de la exsecretaria para ceder el terreno que facilitaría una construcción que se lleva a cabo en el complejo. Gutiérrez Rodríguez enfrenta ocho cargos. El acusado se declaró no culpable por los cargos y salió libre tras pagar una fianza de $50,000.
El juicio de Keleher y Gutiérrez estará a cargo del juez José Besosa.
Con esta nueva acusación, Keleher enfrenta 15 cargos, federales siete de los cuales son por corrupción presentados durante su primer arresto en julio de 2019.
Si los acusados son encontrados culpables se enfrentan a una pena máxima de 20 años en presidio.
Julia Keleher fue la estrella de la administración del derrocado Ricardo Rosselló Nevares. Devengaba un salario de $250,000. Rosselló Nevares intentó liberar a Keleher de los estatutos dispuesto por la Ley de Ética que supervisa los trabajos de los funcionarios públicos alegando que ella no era una secretaria en propiedad sino una contratista, pero la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, emitió una opinión en contra.
Fiscalía Federal utilizó esta opinión como base para su acusación debido a que Keleher nunca informó esta transacción donde recibió beneficios en exceso de $20,000.
Esta mañana, en un programa radial, la representante Milagros Charbonier, quien defendió a capa y espada la gestión de Keleher, indicó que estaba sorprendida por las acusaciones contra la exfuncionaria y que, como a cualquier otro acusado, era inocente hasta ser probada su culpabilidad.
Por otra parte, la presidenta de las mujeres del Partido Nuevo Progresista (PNP) de uno de los pueblos de la Isla, que pidió anonimato por lo cual también obviamos su municipio y la región donde está localizado, dijo sentirse furiosa por la “falta de vergüenza” de Keleher.
“Es una descarada. Si esta acusación es cierta es una afrenta contra todo el país. Es una falta de vergüenza. Lo peor de todo esto es que personas en posiciones de poder tenían que saber sobre los chanchullos de esta señora”, expresó la líder progresista.
“No se puede tapar el sol con un dedo, los integrantes de la administración Rosselló le fallaron a Puerto Rico y a los buenos estadistas que los apoyamos”, añadió la líder. “Aquí deben de darse explicaciones, no podemos continuar defendiendo lo indefendible”.
El presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz, se opuso a la nominación de Keleher como secretaria, pero le dio libertad a los senadores para que ratificarán su nombramiento. Rivera cuestionó y demostró su inconformidad con las gestiones de la exfuncionaria. Empero, la mayoría de los militantes del partido de gobierno, en su fanatismo político, la categorizaban como la mejor secretaria de Educación e insultaban a todos los que cuestionaban sus desaciertos.
Los maestros, los empleados no docentes y los estudiantes fueron los más afectados por las decisiones de Keleher, que incluyeron el cierre y venta de escuelas.
“Keleher fue un cáncer que laceró el departamento de Educación”, indicó José un maestro de San Juan cuyo apellido nos reservamos. “Recuperarnos del daño causado por ella, tanto por sus decisiones como por su menosprecio hacia el magisterio podría tomar décadas”.
“Esta tipa es la santa del tumbe”, exclamó una molesta Yvonne Santos de Bayamón. “Una fregá, que alquiló y compró un apartamento con propiedad pública. Pagar $1 de alquiler, no tenía limite su impunidad”.
“Todavía no conocemos todas las interioridades de la administración Rosselló, lo de Keleher es solo un atisbo a la corrupción rampante que corroía la administración pública bajo ese incompetente malnacido”, dijo Ramona Gómez de Carolina.
El juicio de Keleher está pautado para mayo 2020.