El Colectivo Espejo Libertario se solidariza con los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio secuestrado por desconocidos, el pasado 26 de marzo de 2018, en la parroquia Mataje, de la provincia de Esmeraldas, mientras cumplía una cobertura informativa para su medio.
Condena este hecho atentatorio a la libertad de información y demanda de los secuestradores devolver sanos a los integrantes del grupo periodístico, puesto que estos no son parte actora del estado de violencia delincuencial que impera en la zona.
En conocimiento de informes del Gobierno ecuatoriano que indican que los secuestrados se encontrarían en territorio de Colombia, recuerda la alta responsabilidad que tiene el gobierno de este país en la preservación de la vida los miembros del equipo periodístico mencionado y lo llama a adoptar de manera urgente todas las medidas que fueren adecuadas para la liberación de las víctimas. Ello no exime al Gobierno ecuatoriano de su obligación de emprender gestiones, igualmente prontas y efectivas, para lograr tal propósito, puesto que se trata de ciudadanos ecuatorianos.
De cara al trabajo periodístico en esa y otras zonas de riesgo, el Gobierno ecuatoriano, igualmente, tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de los comunicadores, responsabilidad que también alcanza a la empresa para la cual trabajan los secuestrados, al igual que a otras que cumplen similar actividad, según el artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación, en su numeral tres.
El crecimiento del crimen organizado, en sus diversas variantes, plantean al estado ecuatoriano y a los de la región en general, el reto de retomar estrategias regionales de combate a ese delito, que fueron acordadas por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en 2015, cuando al interior de este foro se creó la red contra la delincuencia trasnacional y el crimen organizado, cuya misión era instituir una coordinación policial y política entre los países del bloque. Ese reto es todavía mayor para Ecuador, en su condición de sede del organismo regional, lo que implica comenzar por asumir su responsabilidad de liderar con fuerza la conclusión del proceso de renovación de autoridades del organismo regional.