El Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act (H.R. 748) es dinero que el Congreso está inyectando a la economía, a fin de estimularla. Los gobernadores de cada Estado son responsables de redistribuir los fondos para aliviar el impacto de la crisis actual producida por la pandemia. Su tarea es tomar las decisiones que mejor se ajusten a las necesidades de todos los ciudadanos.
Un sector que también se ha visto afectado es la educación privada. De acuerdo con el National Center for Education Statistics (2016), hoy día en Estados Unidos unos 5,75 millones de estudiantes asisten a escuelas privadas, los cuales representan el diez por ciento de la población estudiantil total.
A diferencia de las escuelas públicas, las privadas no reciben ayuda estatal y cuentan -casi exclusivamente- con el apoyo de donaciones privadas y el pago de matriculación parte de los padres. Estos padres, a su vez, han sufrido una reducción o pérdida de ingresos considerable. Para los de clase alta, esto no significará el retiro ni la interrupción de la trayectoria académica de sus niños; pero, para las familias de clase trabajadora, los efectos serán devastadores, a menos que el Estado tome en cuenta su situación y la de sus hijos.
A menudo, se trata de crear una división entre los estudiantes que han optado por encontrar otro medioambiente donde educarse y los que se reciben una educación pública. A veces se nos olvida que todos son niños y que por eso todos merecen estar en el lugar donde se sientan bien y aprendan más.
Es importante señalar que los niños que asisten a escuelas privadas lo hacen, en la mayoría de los casos, porque es allí donde florecen. Asimismo, un número significativo de escuelas privadas están al servicio de familias que provienen de la clase media u obrera, y esto las hace más vulnerables a los factores económicos prevalecientes bajo la actual crisis de salud.
Por su lado, las escuelas públicas están sobresaturadas y carentes de personal. Así, la absorción súbita de millones de niños desplazados, no sería para ellas una situación ideal. Ni en lo relativo a las acomodaciones ni en lo concerniente a la inversión que cada uno de esos niños requeriría del Estado, que tendría que destinar recursos para sostener un éxodo estudiantil de tal magnitud.
El costo público promedio por pupilo, a nivel nacional, es de unos $13.000. «Si multiplicamos esa cantidad por el número de estudiantes privados citado arriba, estaríamos hablando de $75.3 mil millones de dólares anuales adicionales que tendrían que salir de las arcas públicas para asimilar el cierre potencial del sector privado en el área de educación escolar», dijo John Schilling, presidente de la American Federation for Children.
Por eso, cada Estado debería entregar una porción de los fondos dedicados a estabilizar la educación a las escuelas privadas que sirven a las clases más necesitadas. Esa medida le ahorra dinero al sector público, evita la interrupción académica de millones de estudiantes y libera a los distritos escolares de la responsabilidad de ajustarse a una demanda adicional, entre las tantas puestas ahora sobre sus hombros.
@hergit11