Una vez conocidos los resultados del Referéndum y Consulta Popular llevada a cabo el anterior 4 de febrero, en la que ganó la opción del sí, es decir la propuesta presentada por el actual mandatario ecuatoriano Lenin Moreno Garcés, voces de organismos internacionales están cuestionando la génesis u origen de la consulta.
Una de las principales objeciones proviene de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, que en su informe señala que “la convocatoria no tenía el dictamen de la Corte Constitucional”. Es decir no se cumplió con lo que manda la Carta Magna, en su Art. 104, que dice que para llevar adelante una consulta popular “se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.
La situación es preocupante porque afecta a la génesis de la consulta, su constitucionalidad o inconstitucionalidad, más no su proceso, según los observadores de la OEA y de la UNASUR.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó su felicitación al mandatario ecuatoriano, por el triunfo electoral y “el compromiso democrático demostrado por el pueblo e instituciones” del país. Sin embargo, la Misión de Observación de la OEA, en su informe preliminar sobre la consulta popular, considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un dictamen previo de la Corte Constitucional y estima importante que se emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia.
El ex presidente Rafael Correa Delgado, quien regresó de Bélgica a Ecuador para promover el voto por el no, ante estos cuestionamientos, a través de su cuenta de twitter escribió: ¿saben el ridículo que estamos haciendo ante el mundo? Invitaron a la OEA para que observe las elecciones y, ahora no les gusta el informe de los observadores, retiran al embajador ante la OEA. ¡Ya no hagan más daño a la Patria y tan sólo cumplan la Constitución!. E insistió que la consulta popular es inconstitucional.
De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitió el 6 de febrero a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales a favor de los consejeros: Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, con la finalidad de que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho.
Esto, a propósito de la pregunta 3 de la Consulta Popular que pedía que la ciudadanía apruebe o no, la eliminación del actual Consejo de Participación por un Consejo Transitorio.
Recordemos, que el CPCCS tiene la facultad de organizar procesos ciudadanos para la designación de las siguientes autoridades: Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Procurador, Superintendentes, Miembros del Consejo de la Judicatura y Magistrados de la Corte Constitucional.
Otra preocupación de la CIDH apunta a la creación de un Consejo de Participación Transitorio conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente Moreno por las posibles amplísimas facultades que se le otorgue a este Consejo, “ya que ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el consejo”.
De su parte, los mencionados consejeros de Participación Ciudadana agradecieron a la CIDH por pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por presuntamente vulnerar sus derechos con la pregunta 3 de la consulta popular que ganó en las urnas. Edwin Jarrín agradeció el seguimiento y vigilancia de la CIDH “para que se respete la democracia y la institucionalidad en el Ecuador”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH rechazó el pasado 8 de febrero la petición de medidas provisionales por parte del CIDH, a favor de los tres miembros del CPCCS porque considera que la solicitud es improcedente, extemporánea, la determinación de beneficiarios es abstracta; también sustenta en su resolución que no se cumplen los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, que se requiere para otorgar las medidas cautelares o provisionales.
El Gobierno de Ecuador a través de un comunicado reiteró la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular, en la que el pueblo ecuatoriano expresó de forma mayoritaria su respaldo a las propuestas emanadas del amplio diálogo sostenido por el presidente Lenin Moreno con diversos actores de la sociedad ecuatoriana.
Al mismo tiempo, el Gobierno ecuatoriano rechazó el accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a pesar de contar con la amplia y contundente información oficial del Estado ecuatoriano, se ha pronunciado únicamente a través de un boletín de prensa que contiene datos imprecisos y descontextualizados que ofrecen una visión parcializada y errónea del proceso democrático nacional
Además, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al representante permanente del país ante la OEA, el embajador José Valencia; la convocatoria urgente se produce ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales de la CIDH, al solicitar a la Corte IDH medidas provisionales en relación al referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018 y en el que el pueblo ecuatoriano mostró su mayoritario respaldo a las medidas impulsadas por el presidente Moreno.