Tras años de denodada lucha, cientos de grupos feministas y de derechos humanos lograron que la Corte Constitucional despenalice el aborto en caso de violación a mujeres que acepten este práctica quirúrgica; por lo que para estos grupos el 28 de abril de 2021 se convirtió en un día histórico, no así para otro sector de la sociedad que rechazó esta sentencia del máximo tribunal de justicia constitucional del país.
La Corte Constitucional arribó a tal decisión tras analizar siete demandas de inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Penal (COIP), que señala que el aborto solo puede darse cuando la vida de la madre está en peligro o cuando se trate de una violación a una mujer con discapacidad mental. El argumento de los movimientos sociales y de la Defensoría del Pueblo apuntaba a que este artículo es excluyente, toda vez que no toma en cuenta a las mujeres sin discapacidad mental que son víctimas de violencia sexual.
En su fallo, la Corte Constitucional resolvió que es contrario a varios principios constitucionales criminalizar a una mujer que haya sufrido violencia sexual y decida hacerse un aborto. Toda vez que tanto la mujer con discapacidad mental y la otra tienen que afrontar embarazos no consentidos, por lo que deberían tener el mismo trato.
En un comunicado la Corte concluyó que la pena de cárcel provoca que las mujeres se sometan a abortos clandestinos “que ponen en grave riesgo su vida, salud e integridad”. Además ordenó en su fallo que el Defensor del Pueblo, en un plazo máximo de dos meses desde que se notifique la sentencia, elabore un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, de acuerdo a la decisión de la Corte.
Posteriormente, este proyecto de ley se entregará a la Asamblea Nacional, ésta deberá llevar a cabo el respectivo trámite hasta su aprobación en un plazo máximo de seis meses, con los más altos estándares de deliberación democrática.
Finalmente, el proyecto de ley debatido y aprobado por la Asamblea Nacional será enviado a la Presidencia de la República para su sanción o veto.
Para ese entonces ya estará en funciones el nuevo Presidente del país, Guillermo Lasso, quien una vez que se conoció la sentencia de la Corte dijo “Soy un hombre católico. Como tal, siempre he procurado actuar de acuerdo a los valores que dicta mi fe, en todo lo que concierne en mi vida, mi familia y acción privada.
Sin embargo, como Presidente electo mantengo mi inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Creo, sobre todo en principios como la laicidad del Estado y la separación de los poderes. Creo que el camino a un mejor país se construye en una democracia que da cabida a quienes no solo compartan mi visión, sino también a quienes sostengan creencias distintas”.
Amerita conocer que el Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), en un informe asegura que entre 2010 y 2017 nacieron 17,688 bebés, cuyas madres eran mujeres menores de 14 años.
Viviana Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos aseveró que al menos 1.800 menores de 14 años dan a luz cada año. De igual forma, dijo “cada año hubo 2.500 ingresos hospitalarios por sepsis, diabetes gestacional, cosas que las niñas no deben vivir porque son niñas”.
Idrovo recordó que Ecuador es un estado laico donde todas las opiniones y creencias deben ser respetadas y en el caso de la despenalización del aborto no quiere decir que las mujeres o niñas están obligadas a abortar, sino que se da libertad de elección.
La Fiscalía General de la Nación asegura que diariamente recepta 11 denuncias de violaciones. De estas el 80% se dan en contra de niñas menores de 14 años. El 90% ocurren en los respectivos núcleos familiares.
Prácticamente como resultado de estas violaciones se producen estados de gestación no deseados. Por lo que, siete niñas dan a luz cada día y siete abortan de manera clandestina.
REACCIONES
La organización feminista Surkuna expresó “nos merecemos este fallo. Las sobrevivientes de violencia sexual tenemos derecho a una vida digna, a no morir por abortos inseguros, a una vida en libertad, y no ser encarceladas por decidir qué es lo mejor para nuestras vidas, a vivir sin violencia. Sin embargo, el Estado nos obliga a continuar con embarazos producto de una violación. Nos merecemos esta Ley”.
La Fundación Nina Warmi, en un trino manifestó: “Por las miles de vidas de niñas y adolescentes, hoy alzamos nuestra voz, para que nunca se legisle en nuestra contra”.
Omar Jaén Lynch twitteó “Les juro que leo y escucho con atención y respeto cada una de las opiniones de lado y lado. Pero hasta ahora nada me hace variar en mi posición de que una niña violada (más aún si es por un familiar) tenga que parir forzada por una Ley. Entendamos: Despenalizar no es promocionar”.
La asambleísta electa, Paola Cabezas Castillo, de la Revolución Ciudadana dijo “Un país con más derechos hace más digna nuestras vidas. Ninguna mujer o niña merecería morir o ir presa por interrumpir el embarazo producto de una violación. Por las mujeres pobres, las rurales, negras e indígenas; por todas: EsLey”.
El pastor, Gersón Almeida, ex candidato a la presidencia de Ecuador y miembro del grupo Provida, hizo flamear banderas rojas con una cruz en las principales calles de Quito, como protesta a la decisión de la Corte
Por otro lado, el monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, remitió una carta al presidente de la Corte, Hernán Salgado, en la que remarca que “el crimen de la violación no se soluciona con otro crimen: el aborto”.
La sentencia de la Corte fue aprobada con siete votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade, Agustín Grijalva, Alí Lozada, Enrique Herrerías, Daniela Salazar, Hernán Salgado, Ramiro Ávila. De su parte, las juezas Teresa Nuques y Carmen Corral dieron sus motivos para no apoyar dicha sentencia, de forma separada.
