El pasado 12 de febrero, la Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció que su titular, Fredy Carrión, ha recibido amenazas de muerte que, a su criterio, devienen de su accionar en la tutela de los derechos de los ciudadanos, de acuerdo a sus atribuciones.
Agrega, el comunicado de prensa, que Carrión “ha recibido varias amenazas de muerte a causa de su coherente, así como su legal y constitucional accionar, en su lucha por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza”. A pesar de que no identifica a los autores materiales e intelectuales agrega que Carrión “ha venido recibiendo por parte de ciertos medios de comunicación y de usuarios de redes, falsas acusaciones y ataques con enfoque político, producidos a partir de especulaciones”.
Añade que todo lo denunciado se da “en torno a las vulneraciones registradas en el contexto del paro nacional de octubre de 2019”, episodio que dejó como saldo 11 fallecidos, 1300 heridos y cerca de 1400 detenidos, en rechazo a los ajustes económicos implementados por el Gobierno, presidido por Lenin Moreno Garcés, medidas enmarcadas en el acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que daría al país un préstamo de USD 4.200 millones.
La Defensoría del Pueblo, además, informó que ha presentado a la Fiscalía General de la Nación las denuncias, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.
Sobre este tema, el abogado, Fausto Jarrín Terán, dijo: “Mi solidaridad con el Defensor del Pueblo!!!!: su coherencia en relación a las jornadas de octubre seguramente será la razón de esta arremetida!!! Ecuador sin derechos humanos”.
De su parte, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, (GANHRI), a través de un mensaje publicado el pasado 14 de febrero expresó su “apoyo al trabajo crítico en la investigación y documentación de derechos humanos en el contexto de las protestas, ratificando que ninguna institución Nacional de Derechos Humanos debería enfrentar represión o actos de intimidación como resultado de su mandato”.
Fredy Carrión, ante este acto de solidaridad expresado por GANHRI remarcó que “este acto de solidaridad refuerza nuestro compromiso en la protección y defensa de los derechos de la población ecuatoriana, los organismo internacionales respaldan nuestro trabajo, y más aún por la ciudadanía que cree en la institución, por ello seguiremos vigilantes para insistir en que se investiguen las vulneraciones a los derechos de las y los ciudadanos suscitadas producto de paro de octubre de 2019, y ni la represión, amenazas y hostigamiento, nos debilitará, estamos más fortalecidos para continuar con nuestra labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza”.
GANHRI es una importante red mundial acreditada con categoría A, lo cual le brinda el reconocimiento internacional, tiene como objetivos promover y fortalecer a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, para que proporcionen liderazgo y asesoría en materia de protección de derechos en sus países miembros.
Frente a lo descrito, el pasado 14 de febrero, la Institución defensora de los derechos de los ecuatorianos, nuevamente se pronunció a través de una Carta Abierta “En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha sido blanco de varios ataques que tienen como objetivo debilitar su accionar, pero, principalmente, afectar la alta credibilidad institucional de la cual goza, fruto del trabajo comprometido y desinteresado de las y los colaboradores a escala nacional que son parte de la entidad que tutela los derechos de las y los ciudadanos y de la naturaleza”.
He aquí el comunicado completo:2020-02-14 Pronunciamiento Carta abierta