Quito, 27 de agosto de 2019
Señor licenciado
Lenin Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
En su despacho.-
De nuestras consideraciones:
En la Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro mantenida el pasado 24 de julio en la ciudad de Quito, con la participación de delegados y delegadas de organizaciones de base de14 provincias ratificamos en acciones de resistencia por las políticas neoliberales (FMI – Acuerdos Comerciales, extractivismo, privatizaciones) que su gobierno está implementando. En tal sentido, rechazamos:
- Los despidos masivos y sin criterio técnico de miles de funcionarios públicos, lo que ha incrementado el desempleo en el país y ha puesto en riesgo la vigencia de varios derechos consagrados en la Constitución de la República.
- La apertura comercial indiscriminada, en particular el pretendido ingreso del país a la Alianza del Pacífico, que únicamente favorecerá a un reducido grupo de exportadores e importadores que lucrarán especialmente de la importación de alimentos, productos industrializados y otros bienes, que pueden provocar la quiebra, no solo de los pequeños y medianos productores agrícolas, sino de sectores de la pequeña y mediana industria.
- Las reformas al IESS, con las que se pretende incrementar los aportes y los años para la jubilación, pero en realidad, se pretende desaparecer el Seguro Social Campesino.
- Las reformas laborales que lo único que buscan es aumentar las ganancias de las empresas privadas en desmedro de los ingresos de las y los trabajadores.
- Rechazamos las concesiones de las empresas públicas ya que traerán consigo despidos masivos de trabajadores, incremento de tarifas y un acelerado deterioro de los bienes públicos.
- Elevar el nivel de diálogo con todos los trabajadores y sus organizaciones para construir una reforma laboral justa y de avanzada que preserve derechos y genere empleo.
- Respetar los derechos fundamentales suscritos por el Ecuador con la OIT sobre derecho de libertad de organización sindical y contrato colectivo en el sector público.
Por el contrario, exigimos la implementación de políticas diferenciadas a favor de los pequeños y medianos productores agrícolas y de la Agricultura Familiar Campesina, en especial:
- El control efectivo sobre la aplicación de los precios de sustentación para los principales alimentos de consumo masivo por parte de los comerciantes y de la propia Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA, evitando el perjuicio a cientos de miles de pequeños y medianos productores agrícolas que reciben bajos precios por sus productos.
- El control sobre la importación indiscriminada de alimentos, leche, maíz duro, fréjol, etc., que pone en riesgo a la producción nacional.
- Un mayor control sobre las fronteras para evitar la entrada ilegal de productos como arroz, maíz duro, leche y suero en polvo, etc., que ocasionan la baja de los precios de estos alimentos a nuestros productores.
- La intervención de la contraloría a la gestión de la UNA, cuyos actuales directivos no cumplen con los objetivos para los cuales fue creada esta empresa pública.
- La solución de los conflictos de tierra, en especial:
- Te Zulay en la provincia de Pastaza; en este tema demandamos la no intervención del ministerio de Gobierno en las decisiones del Poder Judicial, que ya dictaminó el desalojo de los invasores y el encarcelamiento de los falsos dirigentes que promovieron las invasiones.
- El Porvenir en la provincia de Pichincha; instando a que el directorio del INIAP transfiera el lote El Pugro a la Subsecretaría de Tierras del MAG, para que esta entidad la entregue a las familias que están en posesión por más de veinte años.
- Las Mercedes en Guayas, requiriendo que la empresa entregue la tierra a sus ex trabajadores, que se encuentran en posesión de la misma, como indemnización por sus años de trabajo, ya que no les ha pagado sus liquidaciones correspondientes.
- Asociación 7 de Junio en Los Ríos; exigiendo el respeto a la sentencia que entrega la propiedad de la tierra a los miembros de esta Asociación.
- Furukawa, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, requiriendo que la empresa pague conforme a la ley las liquidaciones a cientos de trabajadoras y trabajadores, a quienes la empresa violó varios de sus derechos humanos y laborales por algunos años, rechazamos el accionar de la empresa Furukawa y al gobierno nacional, por actos de violación de los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores, que son mantenidos en esclavitud laboral y siervos de la gleba (vuelve la época del huasipungo) .
- Una justa distribución del agua para el riego, especialmente para los campesinos que desarrollan su actividad dependiendo de condiciones naturales y están mayormente expuestos a los impactos del cambio climático; para lo cual se requiere la construcción inmediata de sistemas de riego en zonas campesinas, aprovechando el crédito del Banco Mundial, que está en riesgo de perderse por la inoperancia institucional.
- El apoyo para la solución de los problemas fitosanitarios, no sólo para el banano, que para la prevención del fusarium-4 se asignó 18 millones de USD, sino también para otros problemas fitosanitarios como la pudrición del cogollo de la palma aceitera, la punta morada en papa, el cadmio en el cacao y otros, que afectan a la economía de cientos de miles de pequeños y medianos productores.
- El establecimiento de compensaciones para pequeños y medianos productores agrícolas afectados por la firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, en especial para pequeños productores de leche, que no están en capacidad de competir con productores europeos que reciben apoyo técnico y subsidios por parte de sus Estados.
- La apertura de un real diálogo nacional sobre la conveniencia de que el país se integre a la Alianza del Pacífico, por los riesgos que esta decisión implica sobre varios sectores de la economía nacional, no sólo para pequeños y medianos agricultores sino para pequeños y medianos industriales.
Atentamente,
Romelio Gualan Japón
Presidente de la CNC-EA