(San Juan, P.R.) El tema en boga en Puerto Rico es la potencial elección en mayo de un grupo de siete cabilderos para abogar por la anexión en Washington D.C. La posible elección es el resultado de una ley aprobada por la pasada Legislatura dominada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) luego del plebiscito del 3 de noviembre de 2020 que le otorgó a la anexión una mayoría de 52.52 por ciento de los votos emitidos.
El propósito de la ley es nombrar a representantes que ocuparían las posiciones de 2 senadores federales y cinco representantes, número de oficiales electos que Puerto Rico tendría en el Congreso si fuera estado. En realidad, los cabilderos, no tendrían acceso al Congreso porque no son representantes electos acorde a los parámetros establecidos por la Constitución de los Estados Unidos. Cada cabildero recibiría un salario de $174,000 que provendrá del presupuesto de la Oficina Federal de Puerto Rico y como requisito, todos deben radicarse en la capital federal durante el tiempo de las sesiones legislativas.
En este momento, la elección requiere de una asignación de fondos que debe ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pues la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cuenta con los recursos. Para muchos, la JSF no debe apropiar dineros para la elección porque representa un gasto excesivo para un gobierno quebrado. Para otros, pagarles salarios a unos cabilderos anexionistas violenta la Constitución del Estado Libre Asociado y es en detrimento de las otras alternativas que se postulan como solución al estatus colonial de la isla: independencia, estadolibrismo y libre asociación.
La controversial ley enfrenta además una fuerte oposición en la actual Legislatura dominada por el Partido Popular Democrático (PPD) apoyado por las minorías parlamentarias integradas por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la comisionada residente Jennifer González presentaron la semana pasada un proyecto de ley bipartidista ante la Cámara de Representantes donde solicitan la admisión de la Isla como estado de la Unión. El proyecto de ley contó con el apoyo el congresista de origen puertorriqueño Darren Soto (D-Florida) y otros 52 congresistas.
“Es hora de la estadidad para Puerto Rico ahora. Es hora de cumplir la promesa de la democracia y otorgar una verdadera igualdad a nuestros compatriotas en la isla”, dijo Soto en una conferencia de prensa horas antes de radicar el proyecto.
“Oímos que por favor tengan igualdad de nuestros conciudadanos en la isla. Y debemos reconocer que una mayoría nos ha pedido la estadidad, debemos respetarla. Por eso hoy actuamos. Hoy presentamos la ley de admisión a la estadidad de Puerto Rico. Hoy establece un marco de admisión, que incluye una proclamación presidencial a su aprobación, un voto de ratificación, la elección de senadores y representantes estadounidenses, y la continuidad de las leyes, el gobierno y las obligaciones”, añadió el congresista floridiano.
La comisionada residente, que fue incapaz de lograr el apoyo republicano en el pasado para un proyecto similar, indicó que “este no es un tema del Partido Republicano. Este no es un problema del Partido Demócrata. Este es un tema de democracia. Este es un problema de subdimensión. Este es un tema de los derechos de los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico que necesita ser escuchados”.
Un dato interesante sobre el nuevo proyecto de ley es que establece que, si el Congreso aprueba la medida, los puertorriqueños en la isla luego participarían en una elección federal vinculante convocada por el gobernador para elegir si la isla debe recibir inmediatamente la estadidad. Si los resultados favorecen la unión a los EE.UU., el presidente de Estados Unidos declararía los resultados y una fecha en la que la isla se convertiría en estado.
En el pasado, una mayoría de congresistas republicanos han expresado que no apoyan la integración de Puerto Rico como estado de la Unión. Los demócratas progresistas por su parte, han coqueteado con la idea porque entienden que la isla elegiría senadores y congresistas mayoritariamente demócratas lo que les aseguraría el control absoluto del Congreso.
La medida no cuenta con los votos mayoritarios para ser aprobada en la Cámara y mucho menos en el Senado donde se necesitan 60 votos para lograr la aprobación de un proyecto de ley.
“Esto es más politiquería de lo mismo”, asegura José Santana de Lajas. “Estamos cansados del juego, hablan de la estadidad, pero son incapaces de arreglar los problemas del país. Mira lo que le hicieron a Larry Seilhamer”.
El ex senador Larry Seilhamer Rodríguez, nominado a Secretario de Estado por el gobernador de Puerto Rico, enfrentó duras críticas por parte de legisladores de su partido por reconocer que la isla debe resolver sus problemas fiscales primero antes de aspirar a la estadidad.
Las expresiones de Seilhamer en entrevista con un rotativo de la capital fueron: “soy estadista, pero soy el primero que reconozco, y lo miro desde el mundo de negocios, que nadie quiere asociarse con un quebra’o y, si nosotros queremos aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos”.
En el pasado, representantes del gobierno federal han insistido en lo importante que es para Puerto Rico arreglar sus problemas fiscales, no solo para incentivar la inversión económica en la Isla, sino mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. El liderazgo PNP se ha hecho sordo a estas recomendaciones, temeroso a perder el apoyo de sus seguidores que ven en ello un retraso en la promesa incumplida de la anexión.
“El cuatrienio terminará en más de lo mismo, una votaera de dinero público y un descalabro en la situación del país y la estadidad en las ventas del cara…”, sentencia Carlos Martínez de Ponce.
Para la analista política e historiadora Aida Mendoza Rivera el problema del anexionismo es su falta de honestidad. “No reconocer que un estado debe ser autosuficiente y poseer finanzas claras es el grave problema de los estadistas. Una cosa es hablar por hablar, la otra es hacer el trabajo requerido para lograr el propósito deseado”.
“El gobierno del país ha demostrado inhabilidad administrativa acompañada por una creciente ola de corrupción y gastos cuestionables, mientras la casa no esté en orden Estados Unidos no tomará en serio ningún cambio en el estatus colonial”.
“El PNP ofrece una lluvia de millones con la estadidad y más ayudas para los pobres, en un afán de populismo desmedido, pero no expone las responsabilidades que tendrá la isla como estado, es más no le dice a la gente que se deberá abolir la ley de hogar seguro porque tanto el gobierno municipal como el sistema educativo dependerán de las contribuciones de la propiedad”, añadió Mendoza Rivera.
Mientras se dilucida si se llevará a cabo la elección de mayo y el resultado en el Congreso del proyecto de ley, lo único cierto es que en Puerto Rico se vivirá un ambiente caldeado tan politiquero como si estuviéramos en un proceso electoral.