La actual Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa Garcés, fue absuelta de las acusaciones que le imputaron asambleístas afines a partidos de derecha, el pasado 5 de junio, tras nueve horas de intensos debates.
En su intervención Espinosa aseguró que no existen argumentos válidos que le lleven a ser enjuiciada políticamente, toda vez que lo único que se evidencia en este juicio es “odio y persecución”; por lo que pidió el archivo del mencionado juicio.
La censura se inició con la lectura del informe preparado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. La ex funcionaria se presentó mediante video conferencia desde New York donde reside.
Los asambleístas interpelantes le acusaron por el presunto incumplimiento de responsabilidades en la crisis en la frontera norte, cuando fallecieron los integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito y dos ciudadanos procedentes de la provincia de los Tsáchilas; presuntas irregularidades en el otorgamiento de la ciudadanía ecuatoriana al periodista Julian Assange; ineficaz atención a los compatriotas que residen en Venezuela, país que vive una crisis económica , social y política; el haber priorizado su campaña para obtener la presidencia de la Asamblea de la ONU antes de enfrentar los problemas citados.
Fueron los asambleístas Fernando Flores, Byron Suquilanda, Marcelo Simbaña, Cristina Reyes y René Yandún los que impulsaron el juicio político.
Particularmente, Cristina Reyes del partido Social Cristiano le increpó asegurando que “La excanciller demostró poco interés por los secuestrados y se dedicó a perseguir metas personales. Prefirió ir de campaña para llegar al puesto que hoy ostenta en la Organización de Naciones Unidas”.
Las acusaciones más relevantes tuvieron que ver con el otorgamiento de la naturalización a Julian Assange. La recomendación de la Asamblea es que este caso sea investigado por Contraloría y la Fiscalía General del Estado. Se recomienda, además, que Contraloría inicie un examen especial sobre la utilización de fondos públicos en esta gestión.
Respecto a los fallecidos en la frontera que suman cinco víctimas, se determinó que las investigaciones continúen en Fiscalía; a la cual se le pidió celeridad a fin de que sus familiares conozcan, ya, la verdad de estos hechos dolorosos.
Al defenderse María Fernanda Espinosa remarcó que su accionar siempre estuvo apegada a lo que determina la Constitución, a las normas internacionales y el Plan de Gobierno que ganó las elecciones de 2017.
Precisó que frente a la crisis de la frontera norte activó todos los mecanismos diplomáticos a su alcance, con más de cincuenta acciones, entre las más destacadas: reunió a los ministros del Interior, de Defensa y de la Relaciones Internacionales de Colombia y Ecuador para coordinar acciones conjuntas. Además, preparó el encuentro binacional de los mandatarios de Ecuador y Colombia para que aborden los temas de seguridad en la frontera común.
Al referirse al tema Assange puntualizó que se respetó la condición de sujeto de protección internacional. Asimismo, reiteró que sobre el otorgamiento de la ciudadanía ecuatoriana, esta decisión conocía muy bien el mandatario Lenin Moreno; es decir fue consensuada dicha acción. De ahí que desmintió lo afirmado por el mandatario que le acusa de haber decidido por sí sola tal naturalización.
Reacciones
El asambleísta Carlos Viteri Gualinga, del bloque Revolución Ciudadana, cercano al ex presidente, Rafael Correa Delgado, mencionó que su movimiento siempre ha estado cuestionando la inseguridad en la que está sumido el país. El tema de la seguridad, actualmente, es completamente desastroso, la violencia se ha desbordado a vista y paciencia de las autoridades competentes.
En el tema de la frontera norte afirmó que este gobierno demostró una absoluta indolencia, incapacidad e ineptitud. Para colmo, el mismo Presidente Moreno declaró que “los intereses del país están por encima de la vida de tres ecuatorianos”. Esto es la antítesis del rol de un mandatario que debe proteger la vida de los ciudadanos ecuatorianos.
Añadió que política de seguridad y la exterior son de absoluta competencia del Presidente de la República. Ningún canciller se manda por sí solo. Es el Presidente el que determina cuáles serán las decisiones, cuál será la orientación de la política exterior. Esto lo dice claramente en el Art. 147 , numeral 10 de la Constitución.
La responsabilidad de lo ocurrido con el equipo de El Comercio podría recaer en el Estado ecuatoriano, por acción y omisión. Por lo que hay que exigir que la investigación llegue a señalar responsabilidades que inclusive podrían topar al mandatario ecuatoriano, sentenció.
Lo que a mí me parece es que con este juicio se busca “un chivo expiatorio” en la persona de la ex ministra, María Fernanda Espinosa, restándoles responsabilidades a los ministros del Interior y de Defensa, de ese entonces. Se pretende poner encima una piedra, sobre el caso, a fin de que éste sea totalmente olvidado. Este es el riesgo para los familiares y ecuatorianos en general.
Por lo que mi bloque no se va a prestar a esta jugarreta que deje en la impunidad a los principales responsables, concluyó.