Hace dos días renunció la presidente interina de la universidad la doctora Celeste Freytes junto a los diez (10) rectores de cada recinto. Podemos entender la frustración y la incomodidad de tener que responder a una Junta de Control fiscal Federal la cual exige un informe financiero y un plan de restructuración, unos cambios en la forma de operar y la velocidad en que se opera.
Por las últimas décadas, la Universidad de Puerto Rico operaba de una forma extremadamente lenta, en secreto y hasta paralitica debido a su estructura burocrática. La universidad no tenia que rendir cuentas a nadie, ni responder rápidamente al pueblo en cuanto a donde se gasta el dinero de fondos públicos. Todo el sistema administrativo y docente de la Universidad de Puerto Rico ha sido, es y sigue siendo extremadamente lento. Por ejemplo, para aprobar un cambio de cursos en un departamento había que someter el cambio a la facultad, luego elevar el cambio al decanato correspondiente, de ahí había que elevarlo a la junta académica, luego llevarlo a la junta universitaria y de ahí a la rectoría. Estamos hablando de por lo menos dos años si es que se aprueba. Muchas veces, uno de los niveles de burocracia lo regresaba solicitando aclaración y cambios en la solicitud lo cual hacía comenzar el proceso nuevamente. Ese partido de voleibol administrativo podía ser tan crítico que las personas solicitando el cambio, desistían de la idea por motivos de frustración.
Lo mismo podía pasar con una propuesta de investigación la cual tenía que tener la bendición de los directores de departamento, decanos y rectores. Esto nuevamente le ponía tres meses mínimo de espera para una firma lo cual hacia que se perdiera el dinero de la propuesta solicitada.
Si se requería un contrato con algún profesor externo también tomaba entre dos y tres meses la gestión debido a que para los contratos había que ponerse en fila y esperar por un abogado externo que viniera al campus para redactarlo por cientos de dólares la hora.
La universidad pública debe responder al pueblo. Los funcionarios que sean nombrados tendrán que responder a la gente y a la junta con un informe a tiempo real de sus gastos e ingresos en una plataforma de internet. La institución existe para que los estudiantes pobres puedan mejorar su estatus económico y a su vez ayudar al país con ideas innovadoras que provoquen cambio.
Ya no se le permitirá esconder el dinero, dar becas presidenciales a las personas que estén conectadas con algún político ni caer de globo como profesor en algún recinto sin tener que hacer una entrevista y competir con otros de forma justa y según lo exige la ley.
La universidad debe responder al pueblo con un sistema moderno, nuevo y rápido de gobernanza. Debe responder al pueblo como un sistema que se intercomunica, colabora y comparte todos sus recursos para el bien de los estudiantes. Debe servir a la comunidad universitaria y al pueblo de forma eficiente eliminando los programas repetidos, los programas académicos que ya no tienen relevancia para el graduado y mejorando el acceso a la tecnología para que ayude a colaborar con otras instituciones alrededor del mundo.
La universidad debe reinventarse administrativamente con nuevos contratos para cada profesor, trabajador y funcionario donde incluyan los compromisos de eficiencia y rapidez. Donde las rectorías y decanatos no tengan cincuenta (50) ayudantes que gasten miles de dólares sin control en funciones que ya se pueden digitalizar.
Sugerimos una secretaria y un contable como hacen en otras universidades más eficientes. Se deben de eliminar los rectores y todo el gasto innecesario que esto requiere de los recintos pequeños y solamente dejar los recintos de Mayagüez, Rio Piedras y la Escuela de Medicina. Que cada proceso académico y administrativo se haga de forma digital y en una plataforma de servicios al estudiante cuando sea posible. Que las reuniones departamentales sean virtuales y cortas. Que cada profesor sea un ente con la libertad de cátedra para ser creativo y motivador a su estudiantado sin tener que ser golpeado y micro manejado políticamente por sus directores, decanos o rectores. Que cada profesor pueda escribir propuestas de investigación de forma rápida y con solo la firma de su director.
Hay que hacer una nueva ley universitaria moderna donde se pueda redefinir lo que es la libertad de cátedra, los procesos de investigación y la autonomía universitaria. La Universidad de Puerto Rico debe transformar urgentemente sus currículos con ofertas modernas y programas nuevos que tengan oportunidad de trabajo en Puerto Rico y el mundo.
Ya no pueden esconder sus funciones tardías usando la acreditación como excusa. Las agencias acreditadoras son flexibles y solo siguen un calendario el cual se hace junto a la universidad que solicita la acreditación. También hay que mencionar que la Middle States Association no es la única agencia acreditadora existente. Hay que asegurarse de que la acreditación es costo efectiva o si es el momento de cambiar de agencia.
Solo así podrá sobrevivir sin tener que cerrar sus puertas. Si se niegan al cambio será una muerte segura de un sistema educativo.