¿Manda la Junta Fiscal, el gobernador o quièn?
Hoy 11 de enero de 2018 el gobernador acaba de recibir una carta de la Junta de Supervisión Fiscal dejando sin efecto hasta nuevo aviso la ejecución de la ley de ayuda a los municipios. Esa ley local le daba unos 500 millones a los municipios para que pudieran resolver sus necesidades básicas ya que han usado todo su presupuesto para mitigar los daños causados por el Huracán María.
Hasta ahí vamos bien porque es un hecho que cada uno de los municipios trabajaron y siguen trabajando para limpiar las calles, sacar escombros, energizar sus áreas con plantas eléctricas de diesel y gasolina, ofrecer agua en los sitios que todavía no tienen, comprar y poner postes de electricidad y materiales, contratar compañías privadas para energizar áreas importantes como hospitales y centros de cuido de viejitos y muchos mas.
Estos 500 millones de dólares del gobierno federal son préstamos que se le ofrece a los estados que sufren una emergencia inesperada ó catástrofe ya sea de fuego, terremoto y huracanes.
La ley aprobada por el gobernador recientemente le da el poder a la legislatura de Puerto Rico para que sean ellos los que faciliten los fondos federales de los 500 millones a los municipios siempre y cuando venga con una justificación valida y facturas de gastos por la emergencia sufrida.
Ahora viene lo bueno. La Junta de Control Fiscal impuesta por el congreso y que no fue electa por el pueblo de Puerto Rico paraliza esta ley mediante una carta enviada al gobernador hasta que la junta tenga una información sobre cada uno de los municipios de los gastos de cada uno de ellos con la justificación escrita y detallada. La ayuda federal de los 500 millones es para solicitar prestamos y en caso que puedan probar que no tienen fondos para repagarlos, pueden solicitar al gobierno federal que le condonen la deuda del préstamo.
En el día de hoy, la Junta le da una bofetada al gobernador y a la legislatura quitándole los poderes que tienen en la constitución para decidir política pública.
La Junta de Supervisión Fiscal está actuando como una dictadura lo cual interfiere con el sistema de gobierno actual donde el balance de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial se balancean unos a otros.
Tenemos claro que la Junta de Supervisión es la menos que debe de hablar de economía cuando le paga 600 mil dólares a su directora ejecutiva y se gasta 400 millones del presupuesto de Puerto Rico por año para sus operaciones. Tras que no traen un centavo, tienen los timbales para paralizar el proceso de fondos para Puerto Rico.
Es un hecho también que los municipios tienen que reducirse en número para transformarse en áreas por lo menos cuatro regiones de administración pública. El tener 78 municipios para una isla tan pequeña es un gasto exagerado que no se justifica en estos tiempos modernos.
Hay que tener cuidado de no caer en una situación de golpe de estado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Congreso de los Estados Unidos de Norte América. Puerto Rico fue a elecciones democráticamente para el gobernador, sus legisladores y alcaldes. Estamos en una democracia el la cual necesitamos ayuda inmediata para mitigar la pobreza extrema, la inmigración en masa hacia USA, el desempleo, la falta de internet, falta de comunicaciones, los daños y el hambre que todavía existe en la isla con 3.5 millones de ciudadanos americanos.
Es responsabilidad de todos usar las redes sociales para levantar la voz de alerta para solicitar que la Junta supervise pero que no gobierne ni pare el dinero que nos tiene que llegar lo antes posible para salvar vidas y prevenir una catástrofe mayor.
