En efecto, el Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, una vez que la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ), le entregara el informe que concluye que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, sicológica y sexual, y la libertad personal de los manifestantes en el levantamiento popular de octubre de 2019, anunció que hará conocer los resultados del CEVJ a las instancias judiciales tanto nacionales cuanto internacionales, toda vez que según su criterio existen serios indicios del cometimiento de crímenes de lesa humanidad por parte del Primer Mandatario Lenin Moreno Garcés, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa.
Cabe recordar que el 1 de octubre de 2019, el mandatario Lenin Moreno anunció decisiones económicas, entre las que constaba la vigencia del Decreto 883, que liberaba el precio del diésel y la gasolina extra. Medida que llevó a que los transportistas paralizaran sus actividades que fueron reiniciadas en pocos días. Posteriormente, varias organizaciones sociales convocaron a un paro nacional de actividades.
Esta convocatoria fue masiva, en razón que hubo una gran movilización de indígenas y campesinos hacia Quito. En la ciudad se sumaron a esta protesta movimientos sociales y ciudadanía, en general, que participaron de forma activa. De hecho, hubo infiltrados que protagonizaron actos vandálicos que fueron objeto del repudio generalizado.
Frente a estos hechos, Fredy Carrión, resolvió conformar una Comisión Especial, el 16 de octubre de 2019, para que realice una investigación defensorial, y establezca la verdad, justicia y reparación de todas las presuntas víctimas. Además, ha recalcado en varias ocasiones y escenarios que el informe es un documento debidamente trabajado y sustentado con testimonios de víctimas de la represión desproporcionada dirigida por las autoridades actuales, como el mandatario Moreno y sus ministros de Gobierno y Defensa.
Anunció que este trabajo no quedará en el papel, sino que será judicializado a nivel nacional e internacional. En primer lugar se le dará a conocer a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar. Posteriormente, a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, en razón de que los delitos cometidos fueron un “ataque generalizado o sistemático en contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, lo cual configura delitos de lesa humanidad.
Considera que las víctimas de estas violaciones y sus familiares deben ser objeto de reparación integral, porque no hay justicia sin reparación, en el ámbito jurídico, económico y de salud.
CONTENIDO DE INFORME
Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala Egas fueron los responsables de elaborar el Informe que recoge realidades dramáticas contenidas en 519 testimonios, de los cuales 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetrados por agentes estatales en el contexto del paro: 123 a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 3 casos de violencia sexual. Adicionalmente, la CEVJ registró que 81 personas tuvieron afectaciones sicológicas y 22 actos de posible persecución política.
Las violaciones al derecho a la integridad personal suman 123, las mismas que se refieren a casos de lesiones en general, lesiones oculares, fracturas, traumatismos, además torturas, tratos crueles o inhumanos, o crímenes comunes. De estos testimonios 28 personas pertenecen a grupos de atención prioritaria: 9 personas adultas mayores, 1 embarazada, 12 niños, niñas y adolescentes, y 6 personas con discapacidad.
El impacto de bombas lacrimógenas, perdigones u objetos contundentes produjeron lesiones oculares o pérdida de la visión en los manifestantes: 14 personas perdieron el globo ocular y 6 tienen afectada su visión.
Otra queja que recoge el Informe gira en torno al derecho de la libertad personal, al menos 38 personas aludieron que sufrieron detenciones ilegales o arbitrarias. Se les mantuvieron incomunicadas sin fórmula de juicio y en lugares no autorizados para la detención. Simultáneamente, se receptaron testimonios de posible detención de adolescentes y personas con discapacidad. En este contexto tres personas fueron objeto de violencia sexual por parte de agentes estatales. También las mujeres policías sufrieron violencia sexual por parte de manifestantes.
El Informe que contiene 269 páginas menciona que durante el paro seis personas murieron en forma violenta y, existirían serios indicios de ser ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, ocurrieron 22 presuntos atentados contra el derecho a la vida.
Puntualiza la CEVJ que las autoridades de Gobierno posicionaron una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que se instaló en el imaginario social. La idea de que la democracia estaba bajo ataque, con posible intervención de actores de otros países y, bajo estas premisas el régimen de Moreno justificó la represión. Esta posición trató de deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones, como es la crítica situación económica, social y política.
El Gobierno, a través de sus ministras y ministros, justificó actos reprochables contra las y los manifestantes, tales como el ataque a las zonas de paz en las instalaciones universitarias. Las presuntas violaciones de derechos humanos contra la población movilizada que, de manera reiterada, se produjeron y por el resultado de los actos ejecutados durante el paro de octubre de 2019, la CEVJ considera que las autoridades judiciales deben poner énfasis en el análisis de evidencias que podrían configurar el elemento de “ataque generalizado” contra la población y que conduzcan al análisis de un posible crimen de lesa humanidad.
La CEVJ en su recopilación de testimonios tomó en cuenta lo sucedido con la prensa: al menos 16 relatos de agresiones contra comunicadoras/es sociales se registraron por parte de la fuerza pública. Hubo relatos de detenciones arbitrarias así como limitaciones en el ejercicio de la profesión. Por lo que en las conclusiones del Informe se evidencia que se deben tomar todas las medidas preventivas para que medios y periodistas puedan cumplir con su tarea de vital importancia para la sociedad.
Además, se evidenció mediante un análisis técnico que las noticias falsas, denominadas fake news, constituyeron un elemento que generó persistentes y preocupantes niveles de desinformación, que contribuyó a exacerbar los ánimos de la ciudadanía y a la polarización de criterios y posiciones frente al conflicto desatado. Se identificó un marcado sesgo en la comunicación oficial, a través de las declaraciones de altos funcionarios y funcionarias, y también en el enfoque y prevalencia de temáticas en ciertos medios de comunicación.
En la presentación del Informe, Sybel Martínez Reinoso, presidenta de la CEVJ afirmó que la comisión trabajó sobre una base de una investigación defensorial, objetiva e imparcial, con enfoque de derechos humanos, tratando en lo posible acercarse lo más posible a la verdad.
Por lo que, la comisión procedió a recopilar, receptar y documentar testimonios e información judicial, administrativa, documental y electrónica obtenida de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, fuentes públicas, medios de comunicación, prensa, periodismo comunitario, entre otros. Toda información recibida fue sistematizada y debidamente archivada bajo la custodia de la Secretaría Ejecutiva de la comisión.
Enfatizó que quienes integran la comisión consideran la necesidad de que se investigue y sancione a las y los responsables de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de octubre, velando por que las víctimas y sus familias sean reparadas integralmente. Confiamos en que estos hechos no se repitan en el futuro y que este informe cumpla su fin deseado: procurar verdad, justicia y reparación.
De su parte, Xavier Zavala Egas, rememoró que el Decreto Ejecutivo n.° 883 fue expedido de manera abrupta, sin consenso alguno con los sectores afectados y sin prever las consecuencias, la reacción del Gobierno ante la respuesta social fue menos sensata aún. En efecto, en lugar de llamar al diálogo que no habían convocado antes y dejar abierta la posibilidad de derogar el decreto en mención, optaron por endurecer la posición oficial y, el 3 de octubre de 2019, mediante Decreto Ejecutivo No 884 se declara estado de excepción en todo el territorio nacional, donde se conculcaron los derechos a la libertad de asociación y reunión; a la libertad de tránsito; se disponía la posibilidad de requisiciones; y, se establecía como zona de seguridad a todo el territorio nacional.
Añade que el derecho a la resistencia y la libertad de protesta de la población fue atacado con severidad y de forma generalizada, con conocimiento pleno de las consecuencias provocadas. Y todo lo dicho para terminar derogando el impugnado Decreto Ejecutivo No 883 diez días después debido a la presión social, hecho que ratifica la insensatez de la clase gobernante
Subraya que el vandalismo se hizo presente, obvio, la población postergada que viene acumulando abusos e inequidades, sufriendo por subsistir, no tiene protocolos para manifestarse. Que hubo personas infiltradas organizadas también es cierto, pero lo dicho no resta el sentido democrático de la protesta. Los intereses creados se valen de cualquier coyuntura para satisfacerse. Que se cometieron delitos comunes es correcto y ya serán objeto de juzgamiento por las autoridades jurisdiccionales.
Juan Carlos Solines, de su parte, indicó que su responsabilidad fue clara: los comisionados debíamos investigar, analizar, receptar testimonios y recabar información de los órganos oficiales respecto a todos los acontecimientos acaecidos en esas fechas.
El enfoque de esta tarea han sido los derechos humanos. Evidentemente, los derechos humanos de todas las personas involucradas en los hechos de aquel octubre, sean del lado de los manifestantes, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los ciudadanos en general.
Relieva que para que el pueblo ecuatoriano pueda encontrar el camino hacia la reconciliación nacional, debe hacerlo a través de la verdad y la justicia, cicatrizando heridas y mirando al futuro con confianza en el sistema, en sus instituciones, en la justicia y en la sociedad misma. Se debe entender que el derecho a la protesta social y el derecho a la resistencia constituyen contrapesos fundamentales que tienen los pueblos frente al poder, para combatir los abusos y la tiranía o expresar su inconformidad con decisiones públicas.
REACCIONES
El primer funcionario en pronunciarse fue el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, quien en un trino señaló “Es un informe con una versión de los hechos en la que no está hablándose del secuestro a policías, no se está hablando del incendio de la Contraloría General del Estado, de los atentados a canales de televisión, a negocios privados”.
También hubo protestas violentas con fines políticos y desestabilización política, en las cuales la Policía actuó “firmemente”, “correctamente”, intentando restablecer el orden. Adicionalmente, afirmó que el informe no recoge los hechos y no representa la realidad de lo sucedido.
De su parte, Patricio Carrillo, Comandante de la Policía dijo “han entregado un informe sesgado que se dice de la verdad, pero termina siendo de la Defensoría nada más, en donde no se reconoce los incendios, donde no se reconoce los secuestros, el resto de acciones que se cometieron”.
Defendió la actuación de la Policía en este levantamiento popular que produjo 11 muertos, cientos de heridos y detenidos, quema de la Contraloría, cortes de agua potable, ataque a periodistas.
Apuntó que “la barbarie, la Policía no la comete; la Policía utiliza la fuerza gradual, progresiva, conforme a la Ley porque esta es una Policía que nos hemos preocupado de que sea absolutamente respetuosa, de los derechos humanos, pero tiene que responder conforme a la barbarie”.
